A pocos días de que la Asamblea Nacional decida si aprueba o no el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para desarticular la economía criminal, el constitucionalista Salim Zaidán lanzó una seria advertencia: “Este proyecto crea un régimen paralelo al estado de excepción que puede vaciarlo de contenido y llevar a una peligrosa desnaturalización de las garantías constitucionales”.

En una entrevista en Contacto Directo, Zaidán explicó que, aunque el proyecto ha sido calificado como económico urgente, apenas contiene “tres o cuatro artículos relacionados con la materia económica”, mientras que el resto se enfoca en reformar leyes penales y otorgar amplias atribuciones al bloque de seguridad. Entre estas, se incluye la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, medidas que, según el experto, violan derechos establecidos en el artículo 66 de la Constitución.

“El proyecto tiene nombre de económico urgente, pero en su contenido es principalmente un paquete penal”, cuestionó Zaidán, quien además advirtió que los allanamientos sin orden judicial, las incautaciones sin debidos procesos y el etiquetado de bienes como “objetivos militares” pueden derivar en confiscaciones arbitrarias.

Una de las propuestas más controvertidas es la figura del indulto preventivo, que permitiría al presidente perdonar a militares o policías procesados, incluso antes de que exista una condena. “Eso no existe en la Constitución”, subrayó Zaidán. “El indulto es un perdón posterior a una sentencia, no puede ofrecerse a alguien que ni siquiera ha sido juzgado”.

Otro punto crítico es la intención de volver la prisión preventiva una norma y no una excepción, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada”, recalcó.

Zaidán también expresó su preocupación por una posible instrumentalización política de la Corte Constitucional. “No se puede seguir usando a la Corte como enemigo del poder de turno. Su rol es incómodo, pero es el máximo órgano de control constitucional y debe respetarse”, enfatizó.

El especialista considera que el combate al crimen organizado debe reforzarse por vías más eficaces, como el fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas y la inteligencia financiera. También sugirió que la Asamblea Nacional corrija el rumbo del proyecto. “Tiene la oportunidad de ser propositiva y ajustar esta ley para que verdaderamente enfrente a la economía criminal sin vulnerar los derechos constitucionales”, concluyó.