La abogada Mónica Luzurraga expresó su preocupación sobre el Proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal, remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter de urgente. Según Luzurraga, la iniciativa no aborda de manera efectiva problemas como el lavado de activos, el control de puertos y fronteras, ni la regulación de empresas exportadoras. En cambio, considera que el proyecto se utiliza como herramienta para silenciar a opositores políticos mediante el sistema penal.

Luzurraga también cuestionó la falta de coherencia del proyecto, señalando que carece de “unidad de materia”, ya que propone reformas a ordenamientos jurídicos penales y constitucionales sin una justificación económica clara. Además, destacó que el artículo 28 del proyecto otorga al presidente la facultad de derogar la ley mediante decreto si se considera que el país ya no está en guerra, lo que podría llevar a la liberación de personas detenidas por delitos relacionados con terrorismo.

La abogada también alertó sobre posibles regresiones en derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, y la posibilidad de que una persona detenida permanezca 24 horas sin que se legalice su situación ante la Fiscalía. En su opinión, estas disposiciones evidencian una intención de controlar y silenciar a la oposición política.

Luzurraga concluyó que el proyecto de ley no responde a las necesidades reales de seguridad y justicia en el país, sino que busca consolidar un poder autoritario que limita la libertad de expresión y la participación política. Por ello, instó a la Asamblea Nacional a analizar detenidamente el contenido de la propuesta y a rechazar cualquier iniciativa que atente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.