El ministro de Gobierno, José de la Gasca, presentó ante la opinión pública el primer proyecto de ley remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La propuesta, calificada como urgente en materia económica, lleva por nombre “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno” y tiene como eje central combatir las fuentes de financiamiento de las estructuras criminales en el país.

Según explicó De la Gasca, la iniciativa busca debilitar las bases económicas de los grupos armados organizados, con énfasis en actividades como la minería ilegal. Además, advirtió que este proyecto servirá como termómetro para medir la verdadera voluntad de la Asamblea en la lucha contra el crimen organizado. En caso de no aprobarse, el Gobierno tiene previsto impulsar reformas alternativas.

El funcionario también cuestionó la capacidad del actual marco constitucional para hacer frente a la complejidad del crimen organizado que enfrenta Ecuador, al considerar que fue concebido en un contexto muy distinto al actual.

En cuanto a la estrategia política, De la Gasca aseguró que el Gobierno cuenta con acuerdos con Pachakutik y varios legisladores independientes, alcanzando un bloque de más de 77 votos. Este respaldo permitiría impulsar una agenda legislativa enfocada en áreas clave como salud, educación, seguridad y recursos hídricos. A la par, extendió un llamado a la bancada de la Revolución Ciudadana para que priorice los intereses del país.

Entre los puntos destacados del proyecto de ley se incluye la transferencia al Estado de los bienes decomisados a grupos armados organizados o vinculados a economías ilegales. También se establece el fortalecimiento del rol del Presidente de la República como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en decisiones relacionadas con el conflicto armado interno.

Asimismo, la propuesta contempla la delimitación de zonas de seguridad, la posibilidad de otorgar indultos anticipados vinculados al conflicto armado y la creación de un régimen de transición hacia un estado de paz.

Dado su carácter urgente, la Asamblea Nacional cuenta con un plazo de 30 días para debatir y pronunciarse sobre el proyecto.