La reactivación de la producción petrolera del bloque 43 (también conocido como ITT- Ishipingo, Tambococha, Tiputini) requiere un enfoque técnico, legal y socioeconómico equilibrado considerando las necesidades energéticas, económicas y ambientales del Ecuador. Esto debe ser analizado con argumentos tanto legales como técnicos que justifiquen reversión de la moratoria vigente.

Sin menospreciar la valía de esa maravilla Biodiversa que es el parque nacional Yasuní cuya extensión supera el millón de hectáreas, hogar de una fauna y cónica como jaguares, delfines rosados y más de 600 especies de aves y donde los científicos estiman que su ecosistema más de 100 000 especies de insectos y una variedad de flora más diversa que toda la flora de Norteamérica en 1 ha, en otras palabras, un laboratorio viviente para la biodiversidad global. Igual de vitales Waprani y Tagaer Taromenane en aislamiento voluntario, espero que también pueden estar regados por toda la selva amazónica de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, dónde también se realizan actividades extractivas. Ciertamente, protegerlo no solo es un tema ambiental, pero hay una obligación moral y antropológica por defensa de los derechos y soberanía de sus residentes.

Dentro de ese espacio, el bloque 43 ocupa apenas 300 ha. O sea, menos del 0.003 % de su espacio, qué puede ser compensado por 5 000 o 10 000 ha. en algún espacio colindante para compensar la huella ambientalista. Porque nada está escrito sobre piedra y frente a las necesidades de más de 18 millones de habitantes en el Ecuador es necesario mantener un desarrollo equilibrado y sustentable.

El bloque 43-ITT contiene más de 1670 millones de barriles de crudo, o sea más del 20% de las reservas petroleras actuales. En la actualidad estos constituyen ingresos críticos para equilibrar las necesidades energéticas ecuatorianas, así como atender la deuda pública que supera el 56.5% del PIB y los programas sociales para el desarrollo de la Amazonia, la participación de los GAD y los fondos destinados a las universidades. La producción de petróleo del bloque 43-ITT podría superar los 100,000 bps si se realizan las inversiones adecuadas, compensando el declive de otros campos maduros y evitando una crisis energética, además de permitir el ingreso de divisas para sostener y consolidar la dolarización.

Este bloque 43 cuenta ya con plataformas y oleoductos operados por Petroecuador lo cual exige menos recursos comparados con la alternativa de tener que buscar nuevos proyectos, así como optimizar costos; sin tomar en cuenta conseguir financiar además el cierre del bloque 43.  Para precautelar riesgos al medio ambiente se puede realizar monitoreo satelital, así como digital en tiempo real para detectar cualquier afectación por fugas realizando tecnologías de baja huella de carbono utilizando perforación multidireccional de plataformas incluso fuera de lo que es el Yasuní.

Todo esto debe ir acompañado desarrollando un modelo híbrido de gestión que sea manejado con las comunidades creando un modelo mixto (Estado-comunidades) que supervisen las operaciones y la toma de decisiones bajo los estándares de la OCDE para validar las prácticas sostenibles atrayendo inversiones éticas. En cuanto a los beneficios a las comunidades se debe llevar una propuesta a los acreedores para reducción de la deuda externa a cambio de un compromiso de explorar todo el millón de hectáreas del Yasuní bajo el mismo criterio que se hizo el bono azul de Galápagos y liberando otras zonas para la producción petrolera. Por otro lado, parte de los fondos como lo dispone a la ley deben ir a las comunidades locales que generen producción y empleos alternativos y complementarios con apoyo gubernamental y de la sociedad civil.

También se debe tomar en cuenta las negociaciones con los líderes indígenas acompañados de financiamiento directo para proyectos de desarrollo local tanto en salud como educación y la creación de un fondo para transición energética; así como educar a la población sobre los beneficios económicos de la explotación como son los ingresos para programas sociales y empleo acompañados de una gestión  de una extracción responsable, utilizando experiencias de países como Noruega el año pasado destinó 20,000 millones de dólares para inversión en desarrollo de hidrocarburos y lo combina con un fondo soberano verde o la experiencia de Colombia en la Macarena que permitió exploración con salvaguardias estrictas y participación local.

Para abordar las barreras legales que actualmente limitan la producción petrolera en el bloque 43-ITT en Ecuador es crucial considerar alternativas que equilibren los intereses económicos, ambientales y sociales. La Constitución del 2008 en su artículo 57, numeral siete reconoce y garantiza a las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a una consulta previa libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y puedan afectarles ambiental o culturalmente. Por otro lado, la misma Constitución en el artículo 407 prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas, pero incluye como excepción “por interés nacional” declarado por la presidencia y avalado por la Asamblea. En el 2013 Ecuador declaró al ITT de interés nacional mediante el decreto 74 y la Corte Constitucional, en sentencia 00 10-18-SIN-CC (2019), respaldó la explotación del IDT bajo condiciones estrictas de protección ambiental.

Ecuador ha venido operando el bloque 43-IDT bajo contratos de servicios específicos donde una moratoria indefinida podría generar demandas por incumplimiento de acuerdos internacionales-Seguros de inversión. Para solucionar impasses se puede presentar una reforma a la ley de zonas intangibles para excluir el área intervenida del bloque 43 basadas en estudios técnicos que demuestran impactos controlados, así como fortalecer las auditorías ambientales para dar cumplimiento a mitigación que puedan requerirse. Es necesario involucrar a las comunidades de las zonas de influencia del proyecto en los proyectos de desarrollo sostenible utilizando las regalías generadas del petróleo para financiar salud, educación e infraestructura coordinado con ONG ambientalistas, programas de monitoreo de la biodiversidad.

Ciertamente, la reactivación del bloque 43, que es técnicamente viable con tecnología de última generación de bajo impacto, ilegalmente justificable bajo el principio de interés nacional. Ecuador no puede prescindir de un recurso estratégico que constituye una fuente de ingresos vitales para su economía y para las comunidades vecinos del proyecto que no encontrarían otra manera de supervivencia que la tala del bosque primario y la minería ilegal. Todo esto debe implementarse pon adecuadas salvaguardias ambientales y un modelo de compensación ecológica de beneficio socioeconómico, local y nacional.