En 2018 en Bogotá- Colombia, se hizo una reunión entre los comandantes de los de Ejércitos de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y el Comando Sur de los EE.UU. Entre los múltiples temas a tratar y que cobraron gran relevancia estuvo la minería ilegal y sus efectos al medio ambiente. Se presentaron imágenes satelitales y fotografías de lo que estaba sucediendo en las selvas amazónicas de estos países. Fue impactante y parecía una superficie de Marte o de la Luna. Las resoluciones que se definieron estaban relacionadas a compartir información, la normativa legal de los estados, el monitoreo satelital y la capacitación de las fuerzas de seguridad para combatir estas actividades ilegales.

Todavía no se podían definir plenamente si estaban o no vinculadas también con el narcotráfico.
Con el tiempo y por múltiples factores (COVID 19) se dejó a un lado el control de esta actividad. Además, debido a lo lucrativo del negocio y a una forma relativamente fácil de lavar dinero procedente del narcotráfico, creció exponencialmente de manera que los grupos criminales se han ido adueñando de la minería sin importarles la estela de violencia, muerte, deforestación y daño ambiental irreparable.

Estas actividades no son propias del Ecuador, sino que las redes y mafias internacionales han ido tomando el control hasta convertirse en la amenaza regional.
En Perú, la minería ilegal de oro se está extendiendo por toda la Amazonía y está presente en 22 ríos y sus afluentes.

Una investigación realizada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) revela que son 32 distritos de las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios en los que se han registrado esta actividad, en los últimos tres años. Pero lo más inquietante de la minería ilegal es la vinculación directa con el crimen organizado. “Así, por ejemplo, se ha reportado la presencia de grupos armados en El Cenepa, de organizaciones criminales internacionales como el Comando Vermelho (Brasil) o el Primer Comando Capital en el Putumayo, en zonas de frontera”.

Perú es el mayor productor de oro de América Latina y el sexto del mundo, según Planet GOLD, un programa internacional y se estima que unos 250.000 mineros artesanales y a pequeña escala trabajan en ese país y producen una cuarta parte de sus exportaciones de oro.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el precio del gramo de oro se ha multiplicado por siete desde el 2000, un factor determinante para la “rápida expansión” de la minería ilícita.

De acuerdo con las estimaciones del IPE, la producción ilegal de oro en Perú alcanzó las 77 toneladas en 2023; 80 toneladas 2024, lo que ha hecho de este país “el epicentro de la minería ilegal” en Sudamérica.
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación reveló los impactantes resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por mercurio en el país. Informó que, en los últimos 10 años, se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. Más del 50 % de los municipios colombianos ha sufrido los efectos de esta actividad.

Detalló que la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación y la deforestación. En Colombia, cerca de 350 mil personas se dedican a la explotación minera y más del 90 % de la producción proviene de minería artesanal y de pequeña escala.

Esta es la realidad y los datos son la muestra de lo que sucede en la región que incluye a las selvas bolivianas y a la Amazonia brasileña, todo esto se agrava por la presencia del crimen organizado trasnacional que utiliza el dinero proveniente del narcotráfico para la financiación de estas actividades y emplea también a grupos armados irregulares y violentos para protegerla, involucrando a autoridades, comunidades y pobladores que apoyan y son parte de esta actividad ilícita.

El Estado ecuatoriano, si bien es cierto, mediante resolución del COSEPE declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional, emitiendo disposiciones al respecto, no ha podido establecer una línea clara de acción para erradicarla. En esta actividad ilegal están involucrados actores nacionales e internacionales en toda su cadena de valor, desde los que realizan la explotación, los que financian, los que acumulan y los que exportan con empresas de fachada. Pero las acciones efectivas en los ámbitos legal de protección e intervención han sido reducidas, esta declaración constituye una misión para las instituciones involucradas, que por lo menos se debía fortalecer sus capacidades de control para ver resultados al mediano y largo plazo.

Lo que ocurrió en el Alto Punino debe llevarnos a una reflexión seria y profunda, ahora nos enfrentamos a una amenaza creciente, cada vez más violenta, con capacidad y experiencia en combate y ligadas a las mafias locales, con pertrechos bélicos considerables. Lo que se configura como un enemigo de alta peligrosidad y se le debe enfrentar con tácticas y técnicas de los combates especiales en selva y montañas en forma contundente.

Por eso es indispensable, que los planificadores y estrategas políticos y de seguridad del Gobierno, elaboren un plan acorde a los escenarios que enfrentamos, incluyendo los niveles de riesgo, actores pasivos y actores violentos, acciones de control para frenar las exportaciones de oro ilegal, que sumaron $1.300 millones entre 2023 y 2024, abrir el catastro minero, revisar la concesiones artesanales, incentivar a empresas internacionales con capacidad tecnológica operen en el país, adquirir capacidades de vigilancia satelital, limpiar de la corrupción y fortalecer a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR). Es decir que el Estado tome el control, por las actividades ilegales se está dejando de percibir recursos económicos importantes para el desarrollo del país.