Hoy la Asamblea Nacional celebró su sesión inaugural para un periodo de 4 años (2029). Ojalá que sea tiempo suficiente para realizar un trabajo productivo, de legislación y fiscalización, en provecho de los ecuatorianos. Las bancadas, gobiernista y de la Revolución Ciudadana (oposición), son las más numerosas. Ojalá sus integrantes entiendan que sus intereses particulares y electorales principalmente están infinitamente debajo del interés nacional. Y, si llegara a ser ese su comportamiento, esta Asamblea debería convertirse en el escenario ideal para la gran enmienda y gran reforma constitucional.

Tanto el flamante electo presidente de la República, como su rival en la segunda vuelta electoral, en tiempo de campaña, hablaron de la posibilidad de ir a una Constituyente que cambie la actual Carta Magna. Proclamados oficialmente los resultados de los comicios, otorgando una muy cómoda victoria del binomio Noboa-Pinto, el tema ha tomado fuerza, sobre todo, en el ámbito de la conveniencia y de la oportunidad de su realización. Se han formado ya dos bandos, uno en pro y otro en contra, siendo el segundo el que más adherentes tiene y al cual yo me sumo.

No se necesitan parches, sino costura nueva para que la máxima ley de la república sea eficaz instrumento de convivencia, de progreso social, de respeto a las libertades humanas, inservible para protervos intereses, susceptible de actualizarse y modernizarse sin necesidad de escribir una nueva Constitución. Hay que cambiarla porque la actual fue hecha a la medida de quien gobernó el país durante 10 años consecutivos y es partidario de los regímenes perpetuos, vestidos de demócratas. Esto dicen los que apoyan la idea de una Constituyente.

Quienes están en contra y que coinciden, sin embargo, con la imperiosa importancia de acabar, de una vez por todas, con los absurdos contenidos en la vigente Carta Política (2008), señalan que sí es factible el gran cambio a través de la enmienda y la reforma, para cuyo efecto lo que se requiere es formar una sólida mayoría legislativa y, evidentemente, en este momento -y allí está la oportunidad-, sí se puede lograr. Además, escoger este camino significa ir a un proceso complejo, largo y costoso: análisis del Tribunal Constitucional, consulta popular para saber si los ecuatorianos quieren su ejecución; si aprobaron, elección de los asambleístas constituyentes; y, referendo para aprobar la vigencia o no del texto escrito. Llevar a cabo las 3 elecciones, más el periodo de discusión y redacción, podría tomar un tiempo de 18 meses o más. Su costo sería entre 80 y 100 millones de dólares.

Apelando a mi catolicismo me gustaría que la iluminación espiritual contribuya a que se adopte la decisión más acertada. Apelando a la seriedad, honestidad y civismo, valores que deben estar presentes en la clase política, espero que pronto el Ecuador cuente con una mejor Constitución.