Algunos exmagistrados optan por el silencio digno; otros, por la cátedra o la reflexión pausada que otorga la distancia del poder. Enrique Herrería, en cambio, ha decidido abandonar la toga para vestirse de vocero del régimen, con la dignidad de un ujier colonial.

El exjuez ha propuesto que una nueva Constitución sea redactada por una “junta de notables”, un club cerrado donde el mérito cede ante la cercanía al poder. El concepto de “notable”, en su versión, excluye a mujeres, indígenas, jóvenes, disidentes y cualquier expresión del pluralismo social. No solo es una idea ridícula: es peligrosa. Herrería sugiere reemplazar la soberanía popular con una oligarquía ideológica. Es la versión criolla de una restauración aristocrática.

En cualquier república seria, semejante declaración desataría un escándalo. Aquí, apenas ha provocado un par de cejas alzadas. Pero el daño es real. El exjuez plantea que la Constitución —el pacto más sagrado de una república— puede escribirse desde tertulias de café o en las cabinas de Radio Centro, como si bastaran buenos modales y alguna celebridad futbolística fracasada para reinventar el país.

¿Por qué lo hace? Porque busca empleo. Ya no le basta haber sido juez. Ahora quiere ser escribano del régimen, cortesano de micrófono. Su propuesta es menos un aporte y más una súplica arrodillada. Quiere volver a la escena, aunque sea como caricatura ilustrada.

La Corte Constitucional, con sobriedad, ha rechazado la propuesta. Y ha hecho bien. Porque el planteamiento es jurídicamente aberrante y éticamente ruinoso. Una constituyente sin representación real no es modernización institucional, es regresión política. Herrería sueña con una misa negra de notables: homogéneos, obedientes y alineados. Lo que él llama eficiencia, es puro clasismo revestido de tecnocracia.

Y lo más alarmante: este hombre fue juez constitucional. ¿Cómo llegó a ese cargo alguien con una visión tan empobrecedora de la democracia? ¿Qué clase de sistema permitió que alguien tan servil alcanzara una posición tan alta?

Es que hay una pregunta flota en el ambiente: ¿Nuestra herencia agraria es tan fuerte, que hemos llegado al punto de pensar como sociedad, que una Constitución debe redactarse entre un puñado de “notables” con visibilidad mediática y perfil cortesano, en lugar de ser fruto de un proceso democrático y plural?

La respuesta no es cómoda. Herrería no es un error. Es síntoma. Y mientras sigan apareciendo figuras así, será necesario repetir lo obvio: la democracia no se redacta entre amigos, se construye entre iguales.

Hay una salida, y no es menor: se debe restringir la participación de asambleístas constituyentes sin formación jurídica o conocimiento técnico. Las fuerzas políticas tienen la obligación de presentar como candidatos a juristas de prestigio, con credenciales éticas y profesionales intachables. Solo así una nueva Constitución podrá estar a la altura de los desafíos del país, y no al servicio de nostalgias autoritarias ni de agendas personales.

Porque una nación que deja su arquitectura constitucional en manos del capricho y la ignorancia, no construye futuro: redacta su ruina con letra solemne. Como diría Borges, “el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. Hagámoslo bien.