La Asamblea Nacional que concluye funciones este 13 de mayo de 2025 cierra su gestión con al menos dos informes de fiscalización relevantes sin ser debatidos por el Pleno.

Uno de ellos es el informe elaborado por la comisión ocasional que investigó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dicho documento fue presentado en julio de 2024 e identificaba posibles responsabilidades políticas del expresidente Guillermo Lasso y otros exfuncionarios del régimen.

Aunque este informe fue incluido en la agenda de la sesión 951, durante la presidencia legislativa de Henry Kronfle, nunca llegó a tratarse. El caso deberá ser retomado por la nueva Asamblea que se instala este 14 de mayo.

Otro informe pendiente está relacionado con la muerte de la subteniente Aidita Ati, ocurrido durante un curso de la Policía Nacional. La comisión legislativa de Justicia impulsó este proceso, pero tampoco logró llevarlo a votación final en el Pleno.

Adicionalmente, quedó sin trámite el informe sobre supuestas irregularidades en la designación del contralor general del Estado, Mauricio Torres, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El caso fue investigado por la Comisión de Transparencia, presidida por el legislador Patricio Chávez (RC), pero finalmente archivado sin debate público.

Estos procesos inconclusos reflejan los pendientes que heredará la nueva legislatura, que deberá decidir si retoma las investigaciones para garantizar la rendición de cuentas en el país.