La reciente emboscada en Sucumbíos, donde once valientes militares ecuatorianos perdieron la vida, no es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg sombrío que revela una verdad brutal: la descontrolada minería ilegal y el alarmante crecimiento de los cultivos de coca en nuestra frontera amazónica están sembrando inseguridad, desolación y muerte, mientras los gobiernos parecen mirar hacia otro lado.

No nos equivoquemos, la muerte de nuestros soldados no fue un accidente ni un enfrentamiento casual. Fue una acción planificada, ejecutada por grupos armados que defienden a sangre y fuego sus negocios ilícitos, destruyendo nuestro territorio y silenciando a quienes osan interponerse. Estos grupos operan como ejércitos paralelos, dueños de campamentos clandestinos donde no solo se extraen minerales a mansalva, sino que también se lava dinero sucio, se financian redes criminales y se desafía abiertamente la autoridad del Estado. En este punto, la minería ilegal ha dejado de ser un simple problema ambiental para convertirse en una grave amenaza a la seguridad nacional.

Como sociedad exigimos una respuesta firme, legal y sin vacilaciones por parte del Estado. El control de nuestro territorio no es negociable. Ecuador enfrenta una amenaza real y ante ella, el silencio y la ambigüedad son cómplices.

¿Pero cuál es la raíz de este horror? En nuestra frontera norte, dos problemas crecen como una metástasis:

1. La Expansión Desenfrenada de los Cultivos de Coca:
   Un reciente “Informe geoespacial de cultivos ilícitos en la Frontera Norte del Ecuador” de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, una entidad que pertenece al Departamento de Estado, revela una escalofriante realidad: ¡2.000 hectáreas de cocaína ya florecen en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos!
   La pandemia y el acuerdo de paz en Colombia, lejos de traer alivio, paradójicamente impulsaron la expansión de grupos paramilitares y disidencias hacia nuestro territorio, fertilizando el terreno para estos cultivos ilícitos.
   Este informe nos da una idea preliminar de la magnitud del problema. Sin embargo, es crucial que nuestro país realice un monitoreo exhaustivo y establezca puntos de control móviles en la frontera norte para tener una imagen real y actuar con precisión.
2. La Minería Ilegal: Un Monstruo Devorador de la Amazonía:
   El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) revela una alarmante realidad: desde 2019, la minería ilegal ha consumido cerca de 1.500 hectáreas de bosque primario en la región del río Punino. Esta voraz depredación, impulsada por las ganancias obscenas del oro, se ha consolidado como un nuevo y lucrativo motor económico para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
   La voracidad de esta minería ilegal en esta área tan sensible ubicada entre dos reservas protegidas y sin una sola concesión minera legal registrada, es alarmante. ¡Toda la extracción de oro allí es un delito!
   El seguimiento de MAAP revela una escalada aterradora: de 32 hectáreas devastadas entre 2019 y 2021, pasamos a 185 entre 2021 y 2022, y la cifra se disparó a 784 hectáreas solo en 2023. En los primeros seis meses de 2024, ya se han perdido otras 420 hectáreas. En tan solo cinco años, la minería ilegal ha destruido 1.422 hectáreas, ¡el equivalente a 3.500 piscinas olímpicas!
   Las acciones concretas parecen insuficientes ante la magnitud de la amenaza. Se habla de la necesidad de un nuevo informe de monitoreo de cultivos ilícitos y de establecer puntos de control móviles, medidas que, aunque necesarias, parecen tímidas frente al avance del crimen.
   La cooperación con Colombia se antoja fundamental, pero la realidad es que el grupo armado Comandos de Frontera, uno de los principales actores de esta crisis, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Esto plantea serias interrogantes sobre la voluntad real de Colombia para enfrentar un problema que nos desangra.
   Es hora de que tanto Colombia como Ecuador, con el apoyo de otros países de la región e incluso potencias como Estados Unidos, unan fuerzas para combatir este flagelo que nos golpea día a día. La seguridad fronteriza no es un asunto exclusivo de dos naciones, requiere una estrategia regional coordinada contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
   Esta es la cruda realidad que debemos enfrentar. La muerte de nuestros militares es un grito desesperado que exige acción inmediata y contundente. No podemos permitir que la minería ilegal y el narcotráfico sigan dictando su ley en nuestra Amazonía, sembrando muerte y destrucción.