La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expresó que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Priscila Schettini y Angélica Porras sienta un precedente para que las mujeres asuman grandes responsabilidades sin temor y confíen en que, ante ataques, pueden obtener justicia.

El TCE ratificó la suspensión de los derechos políticos de Schettini por tres años y de Porras por dos años, además de imponerles multas económicas, tras encontrarlas responsables de violencia política de género contra Salazar. La inhabilitación de Schettini ya consta en el Ministerio del Trabajo, impidiéndole asumir su cargo como asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana en el nuevo periodo legislativo que inicia el 14 de mayo.

Salazar agradeció públicamente a su representante legal, Cecilia Espinoza, por su labor en el proceso, subrayando la importancia de alzar la voz contra la violencia política de género y confiar en que habrá resultados positivos.