En 2016, se inauguró con bombos y platillos la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande jamás construida en Ecuador. Según la narrativa oficial, esta obra colosal dotaría al país con 1.500 megavatios (MW) de energía limpia y renovable, cubriendo más del 30% de la demanda nacional gracias al aprovechamiento de las aguas del río Coca, en la confluencia con los ríos Quijos y Salado.

Era la gran promesa energética de la autodenominada revolución ciudadana, uno de sus proyectos estrella, inaugurado por el entonces presidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, y su vicepresidente, Jorge Glas, hoy sentenciado por dos casos de corrupción.

Así de monumental fue la puesta en escena. Pero, más monumental, es el costo que estamos pagando por no haber escuchado a quienes advirtieron a tiempo.
Ignoraron a la ciencia desde el inicio: académicos, técnicos y geólogos levantaron la voz. No eran opositores políticos, sino científicos, ingenieros y especialistas que veían venir la catástrofe. Las alertas fueron claras: la ausencia de un embalse dificultaría la regulación del caudal; la falta de restitución de sedimentos generaría erosión regresiva; y la ubicación de la obra, en una zona geológica inestable y con volcanes activos a su alrdedor, solo aumentaban los riesgos.

La Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador, técnicos de la empresa estatal CELEC EP, alertaron durante la planificación sobre la alta pendiente del río, el comportamiento impredecible del volcán Reventador y los peligros de intervenir en un ecosistema tan frágil. Incluso desde los 80 y los 90, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI) ya advertía sobre la inestabilidad del terreno en la zona.

Organismos internacionales como CAF y BID, así como consultores contratados por el propio Estado, emitieron informes técnicos entre 2009 y 2010 alertando sobre los riesgos geomorfológicos. Nadie escuchó. El gobierno no solía hacerlo -al menos no a quienes no fueran parte del proyecto político-.

El precio de la sordera, casi una década después, cuando los hechos confirman las advertencias, nos cuesta a todos, no solo porque no produce la energía prometida: en promedio, alcanza apenas el 65% de lo proyectado, sino que ha generado y seguirá generando un impacto ambiental severo e irreversible, como el colapso de la cascada San Rafael y la erosión regresiva del río Coca, que avanza de forma alarmante, destruyendo ecosistemas, arrasando suelos, rompiendo oleoductos y amenazando infraestructura pública y privada.

Nada de esto era imprevisible. Fue advertido e ignorado, porque se impuso la propaganda política y el interés económico (y no el del país, menos sino del bolsillo). Hoy, esa obra nos deja un altísimo riesgo socioambiental, compromete nuestra seguridad energética y representa una pesada carga económica para el país.

Coca Codo Sinclair no es solo un error técnico, es el símbolo de un proyecto político que no escucha, no prevé y no asume responsabilidades. Una muerte anunciada, cuya factura estamos pagando todos los ecuatorianos.