La empresa Furukawa, de capital japonés y dedicada al cultivo de abacá en Ecuador, enfrenta dificultades para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que la obliga a pagar más de 41 millones de dólares a 342 ex trabajadores por prácticas de esclavitud moderna. El gerente general de Furukawa, Guido Páez, ha manifestado que, aunque la empresa está comprometida con el cumplimiento de la sentencia, necesita que se levante la prohibición de enajenar bienes para poder vender ocho haciendas, que suman aproximadamente 700 hectáreas, y así obtener los fondos necesarios para las indemnizaciones.

Páez indicó que, sin la venta de estas propiedades, la empresa no cuenta con el flujo de caja necesario para cumplir con el primer pago de 6,84 millones de dólares, que venció el pasado 5 de marzo. Además, señaló que desde 2019, dos de las haciendas, que abarcan 290 hectáreas, han sido ocupadas, presumiblemente por algunos de los demandantes, quienes habrían estado cosechando y vendiendo abacá desde entonces.

La Corte Constitucional, en su fallo del 5 de diciembre de 2024, determinó que Furukawa mantuvo durante más de cinco décadas un régimen de servidumbre de la gleba, afectando la dignidad humana de los trabajadores, en su mayoría afrodescendientes. Esta sentencia histórica también reconoció la existencia de racismo estructural en el país y ordenó reparaciones integrales, tanto económicas como simbólicas, para las víctimas.

La empresa espera que la Corte atienda sus solicitudes para poder proceder con la venta de las propiedades y cumplir con las obligaciones impuestas. Mientras tanto, los ex trabajadores continúan esperando las indemnizaciones correspondientes por los años de explotación laboral sufridos.