El informe legislativo que atribuía responsabilidad estatal y política en la muerte de la subteniente Aidita Ati no fue aprobado este martes 6 de mayo de 2025 por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pese a las graves denuncias contenidas en el documento, la votación se estancó con 58 abstenciones, 49 votos a favor y un solo voto en contra.

La comisión ocasional que investigó el caso concluyó que hubo violaciones a derechos fundamentales, omisiones institucionales y una falta de reparación integral, lo que perpetuó la impunidad en torno al fallecimiento de Ati, ocurrido dentro de la Brigada de Selva 19 Napo el 29 de junio de 2023.

El informe, presentado por la asambleísta Patricia Núñez (Revolución Ciudadana), recomendaba una serie de acciones como reformas legales, medidas de no repetición y garantías de protección para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. “Hubo omisiones y una clara responsabilidad política del Estado”, dijo Núñez en el debate.

El caso de Ati fue inicialmente investigado como un presunto femicidio por parte de la Fiscalía, pero fue archivado por supuesta falta de indicios. La decisión generó rechazo de organizaciones de derechos humanos y familiares de la joven oficial.

“La vida de mi hija fue interrumpida dentro de un recinto militar”, denunció Gustavo Ati, padre de la subteniente, quien pidió justicia ante una “verdad alterada que no agotó todas las vías investigativas”. Vivian Idrovo, vocera de la Alianza por los Derechos Humanos, aseguró que Aidita murió “en un entorno donde debía estar segura”.

La negativa de la Asamblea a aprobar el informe deja al caso sin una resolución política, a pesar de las denuncias de impunidad y omisiones institucionales.