La empresa OCP Ecuador, cuyo único accionista es la firma argentina Pampa Energía, presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

El litigio, registrado el pasado viernes y confirmado este lunes 5 de mayo de 2025, surge tras la no renovación de la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), infraestructura que la empresa construyó en 2001 y operó hasta noviembre de 2024. El conflicto va dirigido al Ministerio de Energía y Minas y a la Procuraduría General del Estado, que hasta ahora no se han pronunciado al respecto.

El OCP es el segundo oleoducto más importante del país, por el que se transportan diariamente unos 150 000 barriles de crudo ecuatoriano—casi el 30% de la producción nacional—y cerca de 10 000 barriles de petróleo colombiano hacia la costa de Esmeraldas.

Durante dos décadas, el oleoducto ha movido más de 1 200 millones de barriles, embarcados en más de 1 500 buques, lo que ha representado más de 72 000 millones de dólares en ingresos para Ecuador, según cifras de la misma empresa. OCP afirma además haber pagado más de 470 millones en impuestos y contribuciones.

La concesión no fue renovada tras el vencimiento del contrato en noviembre pasado, por lo que la operación del oleoducto quedó en manos del Estado, mientras se espera un nuevo proceso de licitación.