Con 114 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Regulación Contra la Competencia Desleal, convirtiéndose en la Ley N.º 60. Esta normativa busca fortalecer el marco jurídico ecuatoriano para garantizar condiciones equitativas en el mercado, proteger a los actores económicos y promover el desarrollo sostenible del país. El legislador Jorge Acaiturri, ponente del informe, destacó que esta ley representa un avance estructural para el Ecuador. “La construcción de esta normativa no sólo está diseñada para ordenar el mercado, sino también para impulsar el desarrollo económico, proteger la competencia leal y fortalecer la seguridad jurídica”, afirmó. Durante su intervención, señaló que la normativa nace del reconocimiento de una verdad fundamental: las reglas claras generan confianza y la confianza genera inversión. En este sentido, explicó que los inversionistas requieren garantías de que los mercados operen bajo condiciones justas, donde cumplir la ley no sea una desventaja, sino una ventaja competitiva donde se promueva una verdadera igualdad de oportunidades. De igual forma, enfatizó que la nueva ley toma como referencia las legislaciones más avanzadas del mundo, como las de Europa y Estados Unidos, que separan claramente el régimen de competencia económica de las prácticas desleales. Subrayó que, mientras la normativa de competencia se enfoca en controlar acuerdos anticompetitivos y el abuso de poder de mercado, esta ley se enfoca en sancionar conductas individuales que distorsionan la competencia, incluso sin necesidad de un poder de mercado dominante o daño estructural. “Esta diferenciación técnica mejora la eficacia normativa y brinda una protección más integral al entorno económico. Su aprobación fortalece el Estado de derecho y envía un mensaje claro al mundo: ‘Ecuador es un país serio, con instituciones que protegen la libre competencia, fomentan la innovación y promueven la responsabilidad empresarial’”, añadió. Además, reiteró que la ley establece mecanismos técnicos y objetivos para identificar prácticas desleales, con criterios claros, procedimientos definidos y herramientas efectivas de defensa para todos los operadores económicos. “Esta ley no criminaliza el éxito, lo protege, no sanciona al empresario que innova, sino que respalda al que cumple la ley y contribuye con su esfuerzo al progreso del Ecuador”, concluyó. Por su parte, el asambleísta Blasco Luna recordó que esta propuesta fue presentada en 2022 por el Defensor del Pueblo, César Córdova, y trabajada en la Comisión de Desarrollo Económico. Con la aprobación de esta ley, Ecuador se alinea con estándares internacionales en la regulación de la competencia, buscando crear un entorno más justo y transparente para todos los actores del mercado.