El 20 de diciembre de 2024, una niña indígena del cantón Taisha perdió la vida. Desde entonces, han fallecido ocho niños y niñas más en esa misma zona de la Amazonía ecuatoriana. Todos presentaron síntomas similares: fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea. Hoy se sabe que las muertes se debieron a leptospirosis, aunque en abril de este año, el Ministerio de Salud había descartado esa posibilidad.

Estas tragedias no son hechos aislados, sino consecuencia directa de un Estado que ha fallado sistemáticamente en garantizar los derechos básicos de estas poblaciones. La falta de acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, la ausencia de infraestructura adecuada, la pobreza extrema, colocan a niñas y niños indígenas en condiciones de extrema vulnerabilidad. La ausencia de políticas públicas sostenidas y con enfoque intercultural en materia de salud en la Amazonía es una deuda histórica que, de no enfrentarse con urgencia, seguirá costando vidas.

A este escenario se suma otro factor de profunda preocupación: la acelerada deforestación en la Amazonía. Según una investigación publicada por Green World Journal, en el territorio amazónico ecuatoriano se pierden al menos 80.000 hectáreas de bosque cada año. Este fenómeno no solo impacta los ecosistemas, sino que también está estrechamente relacionado con la proliferación de enfermedades infecciosas. El cambio de uso de suelo para actividades extractivas, ganaderas y de monocultivo altera los equilibrios naturales y expone a las comunidades a enfermedades infecciosas.

La muerte de estos ocho niños y niñas constituye una grave violación de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, al acceso a agua segura y a la atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes, todos reconocidos en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales suscritos por el país.

Resulta inadmisible que las autoridades pretendan atribuir estas muertes a “barreras culturales”. Lo que existe es una barrera estructural impuesta por la falta de atención estatal hacia las zonas rurales, de frontera. Es imprescindible que estos territorios sean declarados zonas de atención prioritaria, y que se construya un plan de acción sostenido, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, que garantice condiciones dignas de vida para todas las comunidades amazónicas.

Mientras el Estado siga mirando hacia otro lado, las niñas y niños seguirán siendo víctimas de un abandono que los condena.