El jurista Enrique Herrería, exjuez de la Corte Constitucional, considera “imprescindible” un cambio estructural de la Constitución de 2008. En entrevista con Contacto Directo, argumentó que la Carta Magna vigente contiene “limitaciones absurdas” que entorpecen la gestión del Estado y desincentivan la inversión extranjera.

“Si usted suma la votación de Daniel Noboa y de Luisa González, encontrará que un 90% de los ecuatorianos respaldaron propuestas de cambio constitucional”, dijo Herrería, y remarcó que esta es una señal clara de que la sociedad exige transformaciones de fondo.

El jurista sostuvo que una Asamblea Constituyente es la vía adecuada para ejecutar esos cambios, aunque reconoció que el proceso debe estar habilitado por la Corte Constitucional. “Lo deseable sería que la Corte autorice una constituyente, no de plenos poderes, pero sí que permita reformas profundas. Y creo que con la nueva conformación de la Corte hay esperanzas”, señaló, destacando a jueces como Joel Escudero y Terán, de quienes dijo que poseen criterio y experiencia.

Entre las normas que considera inadecuadas, Herrería mencionó artículos como el 275 o el 281, que a su juicio “usan términos ambiguos e inoperantes” como ‘procurará el pleno empleo’ o ‘alimentación adecuada’, sin establecer mecanismos concretos para alcanzarlos. También criticó las trabas que impone la Constitución a las concesiones en sectores estratégicos.

“En 2024, la inversión extranjera directa fue de apenas 235 millones de dólares en Ecuador, mientras que en países vecinos bordea los 20.000 millones”, recalcó, asegurando que la rigidez constitucional es parte del problema.

Herrería también propuso que el Ejecutivo conforme una comisión de juristas ―no solo constitucionalistas― que trabaje en el diseño de reformas no solo a la Carta Magna, sino también a leyes como el Código Penal, el de la Función Judicial y la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

Finalmente, recordó que incluso la Corte ya ha empezado a mostrar apertura para revisar sus criterios previos, apelando a una “interpretación evolutiva” de la ley ante nuevas circunstancias sociales. “El procedimiento actual para cambios constitucionales es obsoleto”, sentenció.