A solo días de que se instale la nueva Asamblea Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este 1 de mayo de 2025 la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa por el correísmo, por un periodo de tres años. La decisión la inhabilita para asumir su cargo legislativo.

Schettini fue hallada culpable de violencia política de género en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en una sentencia de última instancia que además le impone una multa de USD 22 500. La denuncia se relaciona con una supuesta campaña de desprestigio liderada por ella en redes sociales, por el caso del presunto plagio en la tesis de la Fiscal.

El fallo fue aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, este último de la jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, quien alertó que no se garantizó el derecho a la defensa.

El juez ponente, Joaquín Viteri, sostuvo que las acciones de Schettini incluyeron expresiones denigrantes, intimidatorias y violentas que afectaron no solo a la Fiscal, sino también a su madre y hermana, con la intención de limitar su ejercicio como autoridad.

Además, el TCE también sancionó a la abogada Angélica Porras —exvocal del Consejo de la Judicatura de transición— con dos años de suspensión de derechos políticos y una multa de USD 13 500. Ambas pertenecen al colectivo Acción Jurídica Popular. Schettini es esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual.