La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, anunció oficialmente su dimisión al cargo en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. En una entrevista con Carlos Vera, transmitida en su espacio Vera a su manera, Núñez repasó los principales hitos de su gestión y defendió varias de las decisiones más controvertidas que marcaron su paso por la cartera laboral.

“Mi salida no es una renuncia protocolaria, es una dimisión meditada”, dijo con firmeza, explicando que había acordado con el presidente Daniel Noboa acompañar su administración solo hasta que se concretara su reelección. “Sabía que era un proceso difícil, pero lo asumí por etapas”, declaró.

En su intervención, la ministra resaltó tres logros clave. El primero, la implementación de la apelación en los procesos administrativos de visto bueno, cumpliendo —según dijo— un mandato constitucional. El segundo, el recorte de beneficios en contratos colectivos en sectores estratégicos, lo que, según Núñez, permitió un ahorro de más de 400 millones de dólares para el Estado. “Hoy le puedo decir al país que esos privilegios ya no podrán volver a negociarse”, aseguró.

El tercer punto se centró en el reconocimiento al pago de jubilaciones por retiro voluntario a sectores como salud y educación. En un emotivo momento del programa, mostró una chalina tejida a mano que recibió como regalo de un grupo de jubilados, a quienes dedicó palabras de agradecimiento: “Quiero que la voz de ustedes nunca se apague”.

Sin embargo, uno de los anuncios que más debate ha generado es su propuesta de reforma a la jubilación patronal. Actualmente, este beneficio está reservado a trabajadores que cumplen 25 años en la misma empresa, lo que ha motivado despidos antes de que los empleados alcancen ese tiempo. Núñez propone reformar el artículo 216 del Código del Trabajo para establecer un fondo común al que aporten tanto empleadores como trabajadores. “Hoy solo el 4% accede a la jubilación patronal. Queremos evitar que siga siendo motivo de desvinculación”, explicó. El fondo estaría administrado por un fideicomiso y su cálculo actuarial requerirá la participación del IESS.

Núñez aclaró que esta medida busca democratizar el acceso al beneficio y corregir las distorsiones provocadas por una norma que, en la práctica, ha excluido a la mayoría. No obstante, advirtió que su implementación requerirá una reforma legal profunda, así como ajustes al sistema de seguridad social.

Consultada sobre por qué optó por una gestión de apenas 14 meses, respondió: “Más que continuidad, se necesitaba firmeza. Senté las bases para la política laboral más importante en los últimos 40 años, y eso es lo que me llevo con orgullo”.

Su salida abre un nuevo capítulo en el Ministerio de Trabajo, donde quedará pendiente una de las mayores deudas del gobierno: generar al menos 400.000 empleos adecuados, un desafío que, como ella misma reconoció, “no se resolverá en un solo periodo”.