Alguna ocasión lo escuché decir: quiero ser presidente del Ecuador para trascender, e inmediatamente explicó que no se trataba de un asunto de vanidad personal, sino de un deseo porque esa trascendencia sea valorada por lo realizado en beneficio de los ecuatorianos y porque la positiva gestión, visible en los más importantes indicadores, dejaría marcada la ruta por la que sucesores, con su visión y propios y acertados conceptos de gobernanza, podrían caminar y asegurarle al país y a su población un lugar destacado en el mundo del desarrollo y del bienestar. No fue presidente, pero sí alcalde de la ciudad más grande y más poblada del Ecuador, y en su largo periodo, por aclamación popular, cumplió su promesa de que haría por Guayaquil lo que no pudo hacer por el Ecuador. Su trabajo sigue siendo respetado y reconocido, inclusive hasta por sus opositores políticos.

Este largo preámbulo nada más para pedirle al flamante presidente electo -ahora en funciones-, que ese propósito de trascender sea el objetivo de su gestión gubernamental en los próximos cuatro años. Nadie mejor que él conoce que los problemas que enfrenta el país son gravísimos y, por lo mismo, difíciles de solucionar en corto tiempo. Sin embargo, esa realidad debe ser precisamente el mejor estímulo para demostrar que el estupendo triunfo obtenido en las urnas será devuelto a los ecuatorianos con creces. Los ecuatorianos votaron así con la esperanza cierta de que su gobernante central no cejará en su tarea de ofrecer paz y prosperidad.

No en todo y sí en mucho valoro que la forma es también el fondo. En ese marco debe registrarse la trascendencia del nuevo gobierno, porque durante toda su administración no se sabrá que ni un solo familiar de los mandatarios ni tampoco de los miembros de su gabinete hicieron negocios, ni lícitos y peor ilícitos. En ese ámbito es obligatorio ser y no solo parecer. Porque a lo largo del periodo no habrá persecución política a ningún opositor, por más beligerante que este sea. Será la justicia, sin intromisión, presión o influencia, la que actúe si existe razón para ello. Las libertades de expresión y de opinión, además del trabajo de los medios de comunicación social, jamás serán censuradas, maltratadas o sometidas a chantajes. Porque no se conocerá de metida de manos y vulneración a la independencia de los poderes; habrá respeto inquebrantable al mandato constitucional y no se hablará de atropellos a la democracia.

Son apenas unos pocos ejemplos para tener en cuenta y válidos para poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, que, como dice Benedicto XVI en su encíclica Caridad en la verdad, poniendo a Jesús como testigo en su vida terrenal, “el amor (‘caritas’) es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley”.

Oportuna la reflexión cristiana en momentos cruciales de la patria y a poco de iniciar un nuevo periodo gubernamental, en el que el pueblo ha depositado su confianza y quiere probar que no se equivocó. Ya lo veremos.