El ministro de Gobierno, José De La Gasca, defendió la intención del Ejecutivo de promover una nueva Constitución en Ecuador y cuestionó la validez de la actual Carta Magna, aprobada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. En una entrevista transmitida la noche de este lunes 28 de abril en el canal digital Vera a su manera, el funcionario sostuvo que el país necesita una transformación profunda de su marco institucional.

“La Constitución de 2008 fue un traje a la medida del gobernante y una camisa de fuerza para el resto”, señaló De La Gasca, al referirse al texto redactado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. A su juicio, esa Constitución no responde a la realidad actual del país. “Ecuador ya no es el de 2008”, afirmó.

El ministro también criticó el enfoque estatista del modelo correísta, al que calificó como “una carta a Papá Noel, donde el Estado se hacía cargo de todo, incluso de la justicia, lo que generó un hiperpresidencialismo”.

De La Gasca afirmó que la propuesta del Gobierno se basa en la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 13 de abril, cuando el oficialismo obtuvo una victoria en las elecciones. En ese contexto, planteó la posibilidad de una consulta para decidir si Ecuador requiere una nueva Constitución.

“Ya no hay que preguntarle al pueblo si quiere una Constituyente, ya dijo que sí. Lo que hay que preguntarle es si aprueba el resultado de esa Constituyente”, dijo, dejando abierta la opción de realizar dos procesos: uno para autorizar la redacción del nuevo texto y otro para su ratificación vía referéndum.

Entre las reformas planteadas por el Ejecutivo están la revisión del sistema penal, una nueva fórmula para la asignación de escaños, el endurecimiento de los requisitos para ser legislador, y una posible reducción del número de funciones del Estado, de cinco a tres.

De La Gasca explicó que el proceso se amparará en el artículo 444 de la actual Constitución, que permite convocar una Asamblea Constituyente mediante consulta popular, ya sea por iniciativa presidencial, de la Asamblea o del 12% del electorado. El nuevo texto, de ser aprobado, también requerirá del voto popular.

El ministro reconoció que llevar esta propuesta a las urnas implica riesgos, como los que enfrentó Chile en sus intentos fallidos por cambiar su Constitución. Sin embargo, subrayó que el respeto a la democracia exige consultar al pueblo y actuar con “prudencia política y jurídica”.

En ese sentido, envió un mensaje a la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre la viabilidad del mecanismo: “No deben obstaculizar la voluntad ciudadana. El poder constituido no puede limitar al poder constituyente”.

Para garantizar la legitimidad del nuevo texto constitucional, De La Gasca propuso un proceso participativo, con representantes de todas las funciones del Estado y de la sociedad civil. “Tenemos que sentarnos con todos: gremios, empresarios, autoridades electas y ciudadanos”, aseguró.

El ministro concluyó su intervención llamando a construir un proyecto que represente las distintas voces del país y refleje un consenso nacional. “Este no es un proyecto solo del Gobierno; es un camino hacia una verdadera refundación democrática”, sostuvo.