El caso de los niños de Las Malvinas vuelve a estremecer al país. Según versiones de cuatro de los 16 integrantes de la patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), hoy se conoce que Ismael, Josué, Nehemías y Steven habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando fueron detenidos de manera arbitraria.

Los cuatro militares que se acogieron a la cooperación eficaz revelaron que los niños habrían sido brutalmente golpeados, amedrentados con disparos y despojados de sus ropas. Varios medios de comunicación han difundido detalles de esta segunda reconstrucción de los hechos, realizada entre el 27 y la madrugada del 28 de abril. La diligencia se llevó a cabo en tres puntos: Durán, el peaje de la vía Durán-Tambo y un camino vecinal en Taura, donde los niños fueron abandonados en condiciones deplorables.

Durante esta reconstrucción se halló incluso ropa perteneciente a los niños, evidencia que ya ha sido puesta a disposición de las autoridades para las pericias correspondientes.

Ante esta dolorosa realidad, resulta imprescindible recordar la alerta que en su momento emitieron diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Estas advertencias, fundamentadas en experiencias similares en la región, señalaron el grave riesgo que implica para la población civil que personal militar —entrenado para enfrentar enemigos en escenarios de conflicto armado— participe en tareas de control del orden público.

La reforma al artículo 158 de la Constitución de la República establece que el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional debe ser complementario y subsidiario, y que dicho respaldo se brindará con estricta sujeción a estándares internacionales de derechos humanos, bajo principios de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. No obstante, en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, así como en otros hechos denunciados en el país, estos estándares no estarían siendo respetados.

Las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo en el país impactan de manera desproporcionada a los sectores más pobres y marginados, dejando como resultado un alarmante incremento de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura. El Estado ecuatoriano no puede ni debe perder de vista que el derecho internacional exige que el mantenimiento del orden público se rija por los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.

Es urgente fortalecer la formación en derechos humanos de las Fuerzas Armadas, y levantar la voz para exigir justicia es un imperativo ético en defensa de la vida y los derechos fundamentales de todas las personas.