En la recta final del actual periodo de sesiones, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una notoria pérdida de respaldo político dentro de la Asamblea Nacional. La derrota electoral de su excandidata presidencial, Luisa González, marcó el inicio de una serie de fracturas internas y distanciamientos que hoy debilitan la capacidad de acción del correísmo.

La sesión del 21 de abril de 2025 evidenció esta situación. La bancada correísta no logró reunir los votos necesarios para aprobar dos propuestas claves: la ratificación de un proyecto de ley humanitaria impulsado en 2022 y las reformas al Código de Organización Territorial (Cootad). En el primer caso, la moción presentada por el legislador Héctor Valladarez consiguió solo 59 votos, lejos de los 70 requeridos.

Victoria Desintonio (RC) defendió las reformas al Cootad, argumentando que aportan transparencia, recursos para ciudades fronterizas y legalización de terrenos, pero no logró el respaldo de otras bancadas. “Esperamos que en una reconsideración podamos sumar los votos”, señaló.

Según legisladores de otras tiendas políticas, el distanciamiento responde a una desconexión entre la agenda electoral de RC y las prioridades actuales del Parlamento. Paúl Buestán, de la bancada Construye, considera que la pérdida de espacios del correísmo no solo responde al revés electoral, sino también a una acumulación de factores que han afectado su estructura interna.

“Hay una agenda legislativa estancada. Mientras tanto, temas urgentes como el informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio siguen esperando”, advirtió Buestán.

A esto se suma el escándalo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que salpicó a tres militantes de RC —Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor— por un presunto delito de asociación ilícita. Esta situación generó un mayor distanciamiento con sus antiguos aliados del Partido Social Cristiano (PSC).

Otto Vera, primer vicepresidente del Legislativo, fue contundente al criticar la gestión del Cpccs, calificándolo como una institución que ha perdido credibilidad y que ahora genera incertidumbre entre los ciudadanos y empresarios.

Internamente, el correísmo también enfrenta tensiones. La renuncia de Mónica Salazar y la demanda por calumnia que la asambleísta electa Ana Raffo interpuso contra su futura compañera, Ana Yela, son muestras de la fractura. Si prospera la denuncia, Yela podría perder su curul.

Además, sigue en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política que presentó Pierina Correa contra Blasco Luna, ambos del bloque correísta. La disputa se originó luego de que Luna acusara a varios compañeros de apoyar leyes del oficialismo por “agendas propias” y exigiera sanciones internas.

Con la presidencia legislativa aún en manos de Viviana Veloz (RC), la agrupación llega debilitada al cierre del periodo que termina el 14 de mayo. “Algunas bancadas se han alineado con el Ejecutivo y eso ha impedido aprobar leyes importantes para el país”, lamentó Ricardo Ulcuango (RC).

Las divisiones internas, los escándalos y la pérdida de alianzas estratégicas dejan al correísmo con escaso margen de maniobra en la Asamblea, en un contexto de reconfiguración del poder político en el país.