Con 112 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley 57, que reforma varios artículos del Código Ingenios con el objetivo de establecer un régimen especial de refinanciamiento para deudores de créditos educativos. Esta medida busca brindar un alivio definitivo a miles de jóvenes que, en su intento por acceder a la educación superior, han quedado atrapados en deudas impagables.

La iniciativa, presentada por la legisladora Jahiren Noriega, de la Comisión de Educación, contempla facilidades de pago que podrían transformar la vida de más de 6.000 personas. “Muchos de estos jóvenes terminaron en procesos coactivos, sin empleo y con tasas de interés imposibles de cubrir. A diciembre de 2023, se registraron 6.171 operaciones vencidas que suman una deuda de 73 millones de dólares”, explicó Noriega durante su intervención.

La nueva norma amplía significativamente los plazos para pagar: de 24 a hasta 240 meses para deudas entre 1.000 y 55.000 dólares, y hasta 360 meses para casos de extrema vulnerabilidad. Las cuotas serán accesibles y con una tasa de interés máxima del 5,49 %, en línea con el valor referencial que establece el Banco Central para créditos educativos.

Además, el texto aprobado elimina las restricciones que impedían a deudores y sus garantes acceder a cargos públicos, y plantea la creación de un visualizador digital que permitirá consultar en tiempo real el estado de los créditos educativos.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Educación, Zolanda Plúas, advirtió que más del 47 % de la cartera vencida corresponde a préstamos impagos desde hace más de cinco años. “Un 30 % de estos deudores vive en situación de vulnerabilidad extrema, por eso era urgente una ley como esta”, afirmó.

En el mismo sentido se pronunció la asambleísta Gissela Garzón, quien destacó el papel del Parlamento para garantizar que los jóvenes puedan seguir estudiando sin quedar condenados por la pobreza: “Es nuestro deber dignificar la vida de quienes intentan cumplir sus obligaciones”.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, celebró la aprobación de esta ley y señaló que representa una nueva oportunidad para la juventud ecuatoriana: “Hoy la Asamblea les dice sí a los jóvenes, ofreciéndoles un camino para salir adelante”.

En una comisión general previa, la ciudadana Carla Tamayo compartió su testimonio: ha pasado una década intentando pagar su deuda educativa, pero la carga de las cuotas —que superaban los 900 dólares mensuales—, la dejó sin opciones. “Mis padres, que me ayudaron como garantes, ahora podrían perder su hogar”, relató.

Un caso similar fue expuesto por Miriam Ordóñez, madre de otro afectado, quien reveló que una deuda inicial de 48.000 dólares se ha duplicado a 100.000 por los intereses acumulados. “Solo quiero que mi hijo pueda vivir con dignidad”, dijo entre lágrimas, pidiendo a los legisladores aprobar la norma.