La investigación sobre el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile ha dado un giro que sacude el escenario político internacional. La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que nuevos antecedentes apuntan directamente a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como presunto autor intelectual del crimen.

Según las autoridades chilenas, Cabello habría ordenado el secuestro y asesinato de Ojeda a través de redes criminales transnacionales, específicamente mediante “Niño Guerrero”, líder del grupo delictivo Tren de Aragua. La ministra advirtió que, de comprobarse esta implicación, Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Son antecedentes reiterados y de suma gravedad”, sostuvo Tohá, asegurando que el Estado chileno actuará con firmeza si se confirma la participación de Cabello. La información proviene de un testigo clave, quien reveló que la orden y el financiamiento de la operación provinieron directamente del dirigente venezolano, según reportes de CHV Noticias.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó que estos datos ya forman parte de la investigación oficial.

El crimen que conmocionó a Chile

Ronald Ojeda, exmilitar asilado en Chile tras oponerse al régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado en febrero de 2024 por sujetos que se hicieron pasar por policías. Su cuerpo fue hallado días después enterrado en una obra abandonada. El caso reveló la presencia de estructuras criminales venezolanas operando en el país.

En los últimos días, la policía chilena detuvo en Maipú a Julio César Iglesias, un ciudadano colombiano vinculado a los “Piratas de Aragua”, presuntamente implicado en el crimen de Ojeda.

Chile podría acudir a la Corte Penal Internacional

La ministra Tohá explicó que si las investigaciones confirman los vínculos de Cabello, el Estado chileno presentará el caso ante la CPI, acusando crímenes de lesa humanidad debido a la persecución de opositores en el extranjero.

El abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró que ya han activado acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que trabajan en procesos preliminares en la Corte Penal Internacional.

Presión política y tensiones diplomáticas

Desde la oposición chilena han surgido críticas por la respuesta del Gobierno. El diputado Diego Schalper calificó de “lenta” la reacción oficial y exigió escalar el caso ante organismos multilaterales.

La investigación también ha tensado las relaciones diplomáticas con Venezuela. Tohá reiteró que Chile garantizará que los delitos cometidos en su territorio sean juzgados internamente, y que se está trabajando en cooperación internacional para capturar a los sospechosos que huyeron.

Mientras las pesquisas avanzan, el caso Ronald Ojeda podría convertirse en un emblema de la lucha de Chile contra la expansión del crimen organizado y las operaciones políticas encubiertas provenientes del extranjero.