Han pasado 14 días desde que se realizaron las elecciones de segunda vuelta en Ecuador, y aunque se entregaron 929 boletas a ciudadanos que presuntamente fotografiaron su voto, las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) no han presentado ninguna denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La mayor concentración de boletas se registró en la provincia de Pichincha, con 217 entregas. Consultada sobre el tema, la delegación del CNE en Pichincha no respondió si presentará denuncias ni cuándo lo haría.

Incluso si los casos se llegaran a formalizar, expertos en derecho electoral consideran que será difícil lograr sentencias. La abogada Mónica Jaramillo y el penalista Washington Andrade coinciden en que la entrega de la boleta no constituye una prueba suficiente para sancionar a los ciudadanos ni para imponer multas que van de USD 9 000 a USD 32 000.

Pruebas insuficientes

Jaramillo explica que al presentar una denuncia ante el TCE se deben anunciar las pruebas que la respaldan. En estos casos, advierte, la boleta entregada no constituye evidencia contundente. Para probar la infracción sería necesario obtener testimonios de militares, miembros de juntas receptoras del voto y coordinadores de recintos electorales, entre otros funcionarios.

“Tendrían que movilizar a todo el personal para demostrar que una persona tomó una foto”, comenta Jaramillo, quien señala además que cada denuncia debe individualizarse, lo que implicaría 929 procesos distintos. Ante esta dificultad, considera probable que las delegaciones del CNE únicamente procedan con los casos más evidentes o graves, como el de una ciudadana que rompió la boleta de notificación.

Pruebas contaminadas

Washington Andrade, por su parte, advierte que las fotografías o videos captados durante el acto de votación tampoco podrían ser utilizados como pruebas, ya que vulnerarían el derecho al voto secreto. Según el jurista, utilizar imágenes obtenidas de forma irregular convertiría a la prueba en “contaminada”.

A través de sus redes sociales, Andrade ofreció asesoría gratuita a quienes recibieron las boletas de notificación y ya ha recibido varios casos. Algunos ciudadanos denunciaron que sus celulares fueron retenidos y revisados para comprobar la existencia de fotografías, una práctica que también sería irregular y jurídicamente inválida como prueba.

En caso de que alguna de las denuncias llegara a tener una sentencia en primera instancia, esta podrá ser apelada ante el Pleno del TCE.