Ecuador En Vivo conversó con Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que cumple 10 años de creación en este mes. Rodas analizó por qué Ecuador sigue en la lista de los países más corruptos de la región, las fallas en la Función Judicial y la falta de convicción cívica de los ciudadanos que no denuncian el robo del dinero público de $1 o de $1’000.000.

• Después de 10 años de creación, ¿cuál es el balance del trabajo de la CNA?

La CNA ha cumplido un rol muy importante de servicio a la comunidad y las tareas que nos encomendaron nuestros mandantes:  las centrales sindicales, educadores, arquitectos, ingenieros, abogados, campesinos. Nuestra tarea es denunciar los ilícitos que existen en la cosa pública y en el sector privado, la pérdida de recursos de los ecuatorianos, en actos de corrupción. Nuestras denuncias van a los organismos de control, a la Fiscalía y la Contraloría. Hasta allí llega nuestra tarea porque corresponde a esos organismos del Estado hacer la investigación, tomando en cuenta que denunciamos siempre con documentación y firmamos todos los integrantes de la Comisión. Hemos logrado identificar un centenar de delitos, se ha hecho el mejor esfuerzo sin recursos porque no los tenemos, ni del sector público ni privado ni de donaciones de ningún lado. Tampoco los aceptaríamos porque nuestra tarea es de absoluta independencia del poder.

• El país sigue en la lista de Transparencia Internacional como uno de los más corruptos en la región. ¿Por qué no se puede mejorar en ese índice?

Es un problema estructural, eso significa que debe ser combatido desde esa perspectiva, es decir, trabajando sobre los factores supraestructurales y estructurales. Es indispensable modificar la formación de los jóvenes, el aprendizaje de valores cívicos, éticos y ciudadanos con la finalidad de construir un manejo de la sociedad distinto, donde los ciudadanos cumplan una actividad constante de denuncia y de protección de sus propios derechos, porque se pierden recursos por la corruptela, ese dinero puede ser usado para vivienda, educación, salud y para mejorar la obra pública. Esto debe ser entendido por la población, además es necesario tener un compromiso individual de paradigmas en la vida, que sean distintos a la opulencia o el ascenso social en la perspectiva de usufructuar esos beneficios y para lograrlo asaltan y delinquen. También es importante saber que existen sanciones y que no debe haber impunidad. Pero somos testigos que el país tiene una Función Judicial laxa, cuando no obsecuente y de servicio a los grupos delincuenciales. Además, hay falta de voluntad política de los gobiernos para actuar con ejemplo en la persecución a aquellos que asaltan al erario nacional, que son grupos colusiorosos del sector público y privado.

• ¿Cuáles son los casos más relevantes de corrupción en estos 10 años de trabajo de la CNAC en el país?

El caso Manduriacu, una hidroeléctrica que tiene un sobreprecio que bordea el 70% con contratos irregulares y sin permisos ambientales para su construcción. Nos dimos cuenta que esto salió de la empresa Odebrecht. El segundo caso fue la Refinería del Pacífico debido a que el contralor de entonces, Carlos Pólit, vio que le pisábamos los talones con el tema de Odebrecht y por eso orquestó un proceso en nuestra contra. Aprovechó la presencia de la jueza, Karen Matamorros, que leyó un dictamen de la Contraloría, nos pretendieron sancionar a un año de prisión. Pero la voz ciudadana y la defensa a la verdad contribuyeron a que eso no ocurra. Desde entonces  seguimos a Odebrecht y a la construcción de las hidroeléctricas. En el caso construcción del Metro de Quito, una obra fundamental que respaldamos, encontramos vicios de procedimiento. No se hicieron auditorías indispensables de la inversión. Se ha permitido que las empresas Odebrecht y Acciona sigan todavía allí y no se cierra el contrato, que está concluido en el 98%, pero lo dejaron abierto como una especie de posibilidad para la extensión del Metro, que es indispensable. Pero todo hay que hacerlo con propiedad y respeto a los recursos de los ecuatorianos. También estamos atentos a los que se aprovechan de las tragedias para hacer actos de corrupción como los casos de en los hospitales en medio de la pandemia y del terremoto de Esmeraldas y Manabí.

• ¿Qué fallas hay en el sistema, leyes y prácticas para luchar contra la corrupción en Ecuador?

Hay varias, pero la primera es la falta de voluntad política. Segundo, la presencia en la política nacional de una serie de personajes que se presentan como sujetos en la lucha contra la corrupción, pero solo lo dicen y no lo ponen en práctica. Falta el compromiso, la lucha contra la corrupción no puede ser mediática, no es para la promoción de nadie. La Comisión Nacional Anticorrupción jamás ha tenido candidatos para nada, hay que generar una independencia entre el factor político electoral y los principios de salvar la integridad de los recursos de los ecuatorianos. Es indispensable hacer esta separación para entender que la tarea anticorrupción debe ser transparente, no puede ser persecutoria, ni un instrumento político. Pero debe dar certezas al país, es inaceptable que cuando se denuncia la Función Judicial se pone al servicio de los delincuentes y es ágil para dar trámite a la contrademanda de ellos. La impunidad es un factor que impide la tareas de la lucha anticorrupción. La corrupción y la impunidad son vasos comunicantes de un sistema que depreda la economía nacional.

• ¿Por qué los ecuatorianos cierran los ojos frente al fenómeno de la corrupción y están dispuestos a votar por corruptos?

Ocurre en elecciones de todo tipo, hay un pensamiento que dice: “lo importante es que haga obra”, no importa que se lleve una parte del dinero destinado a esa obra. Es decir, hemos normalizado una conducta que es absolutamente irregular en las acciones públicas en el país. Hay falta de voluntad política para enfrentarlas y la justicia no llega. Aquellos que asaltan los recursos de los ecuatorianos acuden a la muletilla  que son “perseguidos políticos”. Si la justicia actuara a tiempo, la realidad sería otra. Tenemos casos que tienen entre 10 y 15 años en investigaciones previas en la Fiscalía, como el caso Manduriacu, pero se apuran otros con un reloj político. Hay un fenómeno estructural que busca la impunidad y eso han entendido los delincuentes. Por ello han cooptado parte de la Función Judicial, eso ha quedado probado, además han amedrentado a otros. Todo eso se conjuga con la falta de convicción cívica de los ecuatorianos para delatar a aquellos que se roban $1 o $1’000.000 de los dineros públicos.