Una Corte en Sucumbíos responsabilizó a Petroecuador por vulnerar derechos colectivos de 18 comunidades amazónicas, tras el derrame de 1.116 barriles de petróleo ocurrido el 10 de mayo de 2023. El hecho, que dejó una huella de contaminación en al menos 35 kilómetros del río Conejo, fue provocado por la rotura del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

El fallo, de 44 páginas, señala que 303 familias de las parroquias Santa Cecilia y 10 de Agosto vieron alteradas sus vidas por completo: el río Conejo —su fuente de agua para beber, cultivar, pescar y transportarse— quedó impregnado de crudo.

La Corte concluyó que se violaron derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano, al agua y a la salud. Ante esto, Petroecuador deberá ejecutar una reparación integral, junto con los ministerios de Salud y del Ambiente, y los gobiernos locales.

Entre las medidas obligatorias están:

• Dotación inmediata de agua potable.
• Atención médica y estudios científicos para detectar enfermedades causadas por el derrame (en un plazo de seis meses).
• Compensación por los daños económicos y materiales.
• Restauración de actividades productivas en las comunidades.
• Remediación ambiental de la zona contaminada.
• Instalación de válvulas de seguridad en el SOTE en un plazo máximo de 180 días.

Aunque no se fijaron montos específicos de indemnización, la sentencia ordena elaborar estudios técnicos que cuantifiquen los daños y establezcan los tiempos de ejecución. El fallo marca un precedente clave en la justicia ambiental del Ecuador, al reconocer los efectos del extractivismo en territorios rurales e indígenas.