Una reciente investigación realizada por la Unidad de Investigación de la plataforma Tierra de Nadie, publicada este 13 de abril, pone de manifiesto el alarmante incremento de la desaparición de niños y niñas en el Ecuador luego de la declaratoria de Conflicto Armado No Internacional (CANI). En 2023, el Estado informó la desaparición de 171 menores de edad; un año después, esa cifra se incrementó, alcanzando los 322 casos.

El aumento en las desapariciones de niños y niñas en el primer año de conflicto armado, tiene predominio en las provincias en las que se cometen más homicidios. Así también, las estadísticas señalan que el 71% de las y los desaparecidos son niñas.

Estas desapariciones son atribuidas al reclutamiento forzado de los grupos de delincuencia organizada, que utilizan niños y niñas con fines de explotación sexual y en actividades delictivas por su condición de inimputables. Tampoco se puede dejar de mencionar las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos en torno a graves violaciones a los derechos humanos en las que presuntamente han incurrido elementos de las Fuerzas Armadas; imposible olvidar el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, entre otros casos de desapariciones forzadas de niños, niñas y adolescentes que han salido a la luz.

Cabe mencionar que la Corte Constitucional, en su dictamen de control No. 11-24-EE/24, señaló que el presidente de la República no brindó información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales. En un dictamen posterior No. 1-25-EE/25, la Corte consideró que en nuestro país no se ha configurado la causal de conflicto armado interno, pues no se cumplen los requisitos de organización ni de intensidad que permitan calificar la situación que vive el país en materia de inseguridad, como un enfrentamiento bélico.

El avance de los grupos de delincuencia organizada se traduce en la imposición del miedo y el en el control de territorios. Sin embargo, para que esto se perfeccione, existe una contraparte: la ausencia del Estado y su fracaso en el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de su población.

Familiares de niños, niñas y adolescentes desaparecidos señalan que los agentes encargados de las investigaciones no les dan importancia, no profundizan en sus labores, pese a que les dan pistas y alertas que podrían contribuir a establecer su paradero.

La orfandad institucional que viven nuestros niños y niñas es el resultado de un Estado que deja de cuidar y garantizar derechos, especialmente en las zonas más empobrecidas. Ciudades como Durán, Quevedo y Esmeraldas han sido fuertemente impactadas.

Frente a esta desgarradora realidad, nos hacemos varias preguntas urgentes: ¿quién protege a nuestros niños y niñas?, ¿quién los busca cuando desaparecen?, ¿quién les ofrece alternativas frente a la violencia? El Estado no puede seguir ausente ni indiferente. Está no solo llamado, sino obligado, a garantizar sus derechos, proteger sus vidas y responder con acciones concretas.