Pacientes renales interpusieron una acción de protección en contra del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con el objetivo de que se restituyan los servicios médicos esenciales que han sido suspendidos o reducidos, como la entrega de medicamentos y la cobertura completa de las cuatro horas de diálisis en clínicas especializadas.

La demanda fue presentada en la Función Judicial y busca garantizar el cumplimiento de tratamientos vitales que deben ser financiados por ambas entidades del Estado. La diálisis es un procedimiento crucial para quienes sufren insuficiencia renal, ya que permite eliminar toxinas y el exceso de líquidos de la sangre ante la imposibilidad de hacerlo naturalmente por los riñones.

Gabriela Álvaro, vocera del grupo de pacientes y representante legal en esta acción, explicó que no están exigiendo directamente el pago a las clínicas, sino que han fundamentado en la demanda las razones por las cuales el Estado debe asumir su responsabilidad y cancelar las deudas pendientes.

Según cifras compartidas por Álvaro, el MSP mantiene una deuda cercana a los 200 millones de dólares, correspondiente a 17 meses de servicios impagos, mientras que el IESS adeuda alrededor de 90 millones de dólares por 12 meses de mora.

En días anteriores, Álvaro se reunió con el ministro de Salud, Édgar Lama, a quien expuso las dificultades que enfrentan los pacientes renales a diario. También denunció que varios insumos necesarios para la diálisis están gravados con el IVA, a pesar de tratarse de productos médicos, lo cual considera inaceptable.

A nivel nacional, se estima que alrededor de 18.000 personas requieren tratamientos de diálisis. De ellas, unas 12.000 están bajo la cobertura del MSP y el resto del IESS.

El 11 de abril, el IESS informó que había pagado más de 165 millones de dólares a clínicas dializadoras, mientras que el MSP emitió un comunicado indicando la cancelación de 44 millones de dólares a proveedores externos, incluidos los centros que ofrecen diálisis.

La acción de protección ya fue sorteada y se tramita en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito. Álvaro espera que en aproximadamente una semana y media se emita un pronunciamiento judicial. Dependiendo del resultado, no descartan acudir a organismos internacionales en busca de justicia.