La Fiscalía General del Estado destina casi la totalidad de su presupuesto anual al pago de sueldos y salarios, mientras que la capacitación de su personal sigue completamente desatendida.

Con corte al 16 de abril de 2025, el presupuesto codificado de la entidad alcanza los USD 138 millones, de los cuales más de USD 129 millones —el 94%— se destinan exclusivamente a gastos de personal. Así lo revelan cifras del Ministerio de Economía y Finanzas y el último distributivo publicado por la Fiscalía.

Aunque la institución cuenta con 3.753 servidores públicos a escala nacional, incluidos 887 agentes fiscales, el rubro para inversión en capacitación es de cero dólares. Tampoco se destinan recursos para bienes y servicios de inversión, lo que impide mejorar el equipamiento o modernizar procesos clave.

Este panorama se presenta mientras Diana Salazar continúa al frente de la entidad en funciones prorrogadas desde el 9 de abril, tras concluir su período oficial de seis años.

Los sueldos más altos dentro de la institución los perciben los fiscales, con montos que oscilan entre USD 4.164 y USD 4.433. En el caso de Salazar, su remuneración se mantiene en USD 5.510 desde que asumió el cargo en 2019, según información oficial.

Sin embargo, varios expertos han cuestionado esta distribución presupuestaria. El abogado Washington Andrade criticó duramente la falta de formación de los fiscales, señalando que muchos actúan con parcialidad y sin la preparación necesaria. “La Fiscalía se ha vuelto una arranchadora de celulares. Se violan derechos y se improvisan acusaciones. La falta de capacitación es evidente”, apuntó.

Hugo Espín, también abogado, coincidió en que la formación debe ser prioritaria: “Si se quiere fortalecer la Fiscalía, la capacitación continua y especializada es imprescindible. El caso Villavicencio dejó en evidencia graves falencias en las investigaciones”.

A pesar de estos llamados de atención, los datos reflejan una constante desde 2022: la Fiscalía prioriza los egresos laborales y descuida áreas estratégicas como la profesionalización de su personal. En un momento crítico para el sistema judicial ecuatoriano, esta realidad plantea serios cuestionamientos sobre las prioridades institucionales.