Oscar Ayerve presentó una acción de protección en contra de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), alegando un presunto desacato a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) por parte de ambas instituciones.

La demanda se origina luego de que, el pasado 16 de abril, la Asamblea posesionó a seis vocales suplentes del Cpccs. Entre ellos, en primer lugar, fue nombrado David Rosero, seguido de Ayerve, Roberto Gilbert, Mónika Mosquera, Tatiana Sampedro y Mónica Moreira.

Rosero fue destituido en 2023 por la Corte Constitucional, que además le prohibió ejercer cargos públicos por un periodo de dos años, plazo que se cumplió el 23 de enero de 2025. Sin embargo, Ayerve sostiene que, según la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), un funcionario no solo debe cumplir con ese tiempo, sino que además no puede regresar a la misma institución de la que fue separado.

“Lo que buscamos con esta acción es que se respete la Constitución y la sentencia de la Corte. Aquí hay un desacato claro”, afirmó Ayerve. Su recurso será tramitado por una jueza de Tránsito de la parroquia Tumbaco.

Según Ayerve, la actuación de la Asamblea, de la Procuraduría General del Estado y del propio Rosero habría sido “amañada e ilegal”. Denuncia que se realizó una consulta jurídica “incompleta e incoherente” a la Procuraduría, lo que permitió un pronunciamiento “inconstitucional” que habilitó el regreso de Rosero al Cpccs.

El regreso de Rosero se dio tras la destitución de Eduardo Franco Loor por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en enero de este año. Desde entonces, su vocalía quedó vacante hasta que la Asamblea, en febrero, solicitó un criterio a la Procuraduría para definir si el cargo debía asumirlo Rosero o Ayerve.

La respuesta de la Procuraduría dio luz verde a la posesión de Rosero, quien incluso acudió a las instalaciones del Cpccs el mismo 16 de abril, donde fue recibido por el presidente del organismo, Andrés Fantoni. Este declaró públicamente que esperaban la resolución oficial de la Asamblea para integrarlo al pleno del Consejo.

Ayerve cuestiona la legalidad de ese proceso. “La consulta debía dejar en claro si una persona destituida por la Corte podía ser posesionada nuevamente. No se lo hizo, y se está vulnerando el Estado de derecho”, manifestó.