Ecuador ha votado, y el mundo celebra una jornada “pacífica y transparente”, según las misiones internacionales de observación. Sin embargo, persiste la pregunta: ¿hubo fraude? Desde una perspectiva jurídica, la respuesta es negativa. No obstante, la democracia no es solo una coreografía de legalidades. Requiere legitimidad, equidad, libertad plena de participación y un compromiso ético con lo público. ¿Se cumplieron estos principios?

La historia reciente invita a desconfiar de las narrativas simplistas. Durante el largo ciclo correísta, Ecuador conoció una institucionalidad instrumentalizada, el debilitamiento progresivo del pluralismo, la persecución del disenso y una economía manejada como instrumento de manipulación política. La alternancia no trajo, sin embargo, una ruptura con esas prácticas. Lo que siguió fue una mezcla de desgobierno, fragmentación y un hastío ciudadano que terminó por abrir las puertas a una nueva figura: Daniel Noboa.

Su juventud y su fortuna le bastaron para enamorar a un país extenuado, pero la campaña estuvo lejos de ser un ejemplo de igualdad de condiciones, y no solo porque ambos finalistas superaron ampliamente el límite de gasto permitido. Como es sabido, Noboa no solicitó licencia a la Asamblea, fue un presidente-candidato que entregó más de 500 millones de dólares en bonos y becas durante el período electoral (según Primicias). Ejerció sus funciones ejecutivas sin filtro, desdibujando la línea que separa lo público y lo electoral. Prescindió de su vicepresidenta sin atenerse al marco legal establecido y dejó a su principal contrincante, Jan Topic, fuera de la contienda con reglas selectivas. ¿Fraude o trampa?

Cuando la democracia se distorsiona por manipulaciones estratégicas y competencia desleal, se acerca al autoritarismo. La normalización del clientelismo y la falsa apariencia de consenso corrompen su propósito esencial. Que el correísmo haya sido excluido no convierte a Noboa en el paladín de la transparencia. Que la elección haya sido pacífica no la convierte automáticamente en justa.

La ciudadanía votó, sí. Pero lo hizo entre la nostalgia y la incertidumbre, entre un pasado punitivo y un presente teñido por un personalismo emergente. Lo legal no siempre es legítimo. Lo nuevo no siempre es mejor. Y lo democrático, para serlo de verdad, requiere más que un conteo limpio: exige reglas claras, condiciones equitativas y una ética que no se agote en el marketing, queda abierto este desafío.