El presidente Gustavo Petro informó este lunes que decretará la emergencia económica en Colombia debido al brote de fiebre amarilla, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que la medida se toma para proteger la vida y no por presiones económicas.

“Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros (…), sino por algo simple y contundente: la vida”, escribió el mandatario, en un mensaje que no dio mayores detalles sobre el alcance de la decisión.

La declaración llega pocos días después de que el Ministerio de Salud emitiera la Circular 012, declarando emergencia sanitaria en varias regiones del país, particularmente en Tolima, donde se concentra el mayor número de casos.

Según el presidente, ya se han reportado 74 contagios y 32 muertes confirmadas por fiebre amarilla, en su mayoría en zonas rurales del sur de Villarrica, Tolima. Petro explicó que la expansión del virus ha estado vinculada a la deforestación y al ingreso de personas a zonas previamente aisladas, como los bosques de Galilea.

El mandatario también lanzó críticas a las autoridades locales, acusando a la Gobernación del Tolima de no girar recursos suficientes para contener el brote, y al Distrito Capital por no haber conformado los equipos básicos de salud para fortalecer la vacunación en Bogotá.

El subsecretario de Salud Pública de la capital, Julián Fernández Niño, respondió que la ciudad no es una zona endémica, pero que se ha vacunado a viajeros como medida de precaución. Añadió que “el brote debe controlarse donde sí circula el virus”.

Hasta ahora, las acciones oficiales se han centrado en jornadas intensivas de vacunación en los departamentos más afectados y en zonas con alta movilidad. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el brote comenzó en octubre de 2024 en áreas rurales del Parque Natural Regional Bosque de Galilea, con 47 casos confirmados hasta la fecha y una letalidad del 44,7 %.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó duramente la decisión presidencial, recordando que el Gobierno gastó 11 millones de dólares en la Casa Colombia en Osaka, Japón. “La vida se protege con coherencia, no con discursos mientras se derrochan los recursos”, dijo.

De concretarse la declaratoria de emergencia económica, el presidente podría expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar la crisis. Esta figura ya ha sido utilizada en otras ocasiones, como durante la pandemia del covid-19 en 2020 o en emergencias por fenómenos naturales.

Actualmente, la Corte Constitucional estudia la validez de otras medidas similares tomadas por el Ejecutivo, como la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo.