Jorge Glas, exvicepresidente de la República, sigue enfrentando a la justicia en el marco de la investigación sobre la “Reconstrucción de Manabí”, un proceso en el que se le acusa de peculado, junto con otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Desde su reclusión en la cárcel La Roca de Guayaquil, Glas participó de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que fue reinstalada este 16 de abril a las 15:00.

Glas, que ya cumple condenas por los casos Odebrecht y Sobornos, hizo uso de su derecho a la defensa telemáticamente, desde su celda, y aseguró que la acusación en su contra carece de fundamento. Afirmó que el proceso de asignación de fondos para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016 no constituye un delito de peculado, como sostiene la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Priorizar fondos y obras no equivale a peculado”, señaló Glas, y criticó la ausencia de un delegado del Ministerio de Finanzas en la audiencia, así como la falta de intervención de esta institución en las investigaciones. A su juicio, el proceso busca criminalizar decisiones relacionadas con la ejecución de proyectos, alegando que la Fiscalía cuestiona las obras realizadas sin basarse en pruebas sustanciales.

El exvicepresidente también destacó que el decreto 1004, firmado por Correa, establecía que el Ministerio de Coordinación de la Producción era el responsable de la ejecución de proyectos, y cuestionó la falta de representación de esta entidad en la audiencia. “Esto no tiene ni pies ni cabeza”, expresó Glas, quien también solicitó que cualquier proceso de fiscalización se lleve a cabo sin sesgos políticos.

Andrés Villegas, abogado defensor de Glas, insistió en que los proyectos de reconstrucción fueron cruciales para la reactivación económica de la región afectada por el terremoto, destacando que los 11 proyectos priorizados generaron más de 77,000 empleos. En este contexto, la defensa solicitó el sobreseimiento del caso, argumentando que no existen indicios suficientes para sostener las acusaciones.

La Fiscalía, por su parte, mantiene la acusación de peculado, apuntando a un mal manejo de los fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El 14 de marzo de 2025, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó un dictamen acusatorio, señalando que la adjudicación de contratos para proyectos viales fue influenciada por cálculos electorales, sin que los beneficios de algunas de las obras fueran evidentes.

Glas y otros ocho imputados en el caso enfrentan acusaciones por peculado, en relación con la adjudicación de contratos para la construcción de la vía Manta-Colisa, por más de $68 millones. El fiscal sostiene que Glas fue responsable de priorizar obras por un total de $225 millones, sin que estas correspondieran a las necesidades de la reconstrucción.

El juez Marco Aguirre de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) deberá decidir en los próximos días si llama a juicio a los acusados o dicta un sobreseimiento. Mientras tanto, las defensas continúan pidiendo la revocatoria de las medidas cautelares que afectan a los imputados.

Este proceso es el tercero en el que Jorge Glas enfrenta a la justicia, después de sus condenas por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos.