En un contexto de renovadas expectativas económicas tras la reelección de Daniel Noboa, la minería ecuatoriana vislumbra un futuro más prometedor. Para Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, el respaldo político y jurídico es clave para consolidar al sector como pilar del desarrollo nacional.

En entrevista con LA HORA, Orozco destaca que el triunfo electoral de Noboa ha enviado señales claras a los mercados: disminución del riesgo país, repunte del valor de los bonos y renovado interés de inversionistas internacionales. “Siempre hemos pedido seguridad jurídica y estabilidad política. Este gobierno ha devuelto la esperanza al sector”, señala.

Para que la minería avance de forma sostenible y transparente, Orozco considera indispensable que la nueva Asamblea Nacional priorice tres leyes: la reforma a la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada —una deuda pendiente con las comunidades desde hace más de 14 años—, y una modificación a la Ley de Minería que modernice los procesos y garantice agilidad sin sacrificar estándares ambientales ni sociales.

“No queremos una minería más laxa, sino más eficiente y técnica. Necesitamos que los trámites no demoren años y que se asegure una redistribución justa de los beneficios en los territorios donde operan los proyectos”, afirma.

De cara al 2026, al menos tres proyectos mineros avanzarán significativamente: El Domo (Bolívar), La Plata (Cotopaxi) y Loma Larga (Azuay). El primero ya está en construcción, con una inversión cercana a los $300 millones y la generación de hasta 1.500 empleos entre directos e indirectos. La Plata y Loma Larga están en la fase final de obtención de licencias y se espera que entren en construcción este año.

A mediano plazo, dos gigantes destacan: Cascabel (Imbabura), el mayor proyecto cuprífero del país, y Cangrejos (El Oro), el más importante en términos de oro. Ambos ya cuentan con acuerdos de inversión y podrían dinamizar las economías de sus regiones e incluso beneficiar a provincias como Esmeraldas, donde se prevé el uso del puerto para exportaciones.

En 2023, el sector exportó $3.324 millones y generó más de 127.000 empleos. Aunque en 2024 las cifras bajaron por la crisis energética, se espera una recuperación del 13% al 15% este año. En términos tributarios, la minería aportó más de $1.200 millones el año pasado, gracias también a pagos anticipados exigidos por el Estado.

Pero Orozco subraya que el impacto va más allá de las cifras. “Donde hay minería legal, hay menos pobreza, mejores servicios y más oportunidades. Lo vemos en Zamora, donde los indicadores educativos han mejorado notablemente”.

La apertura del catastro minero —el sistema que permite nuevas concesiones— es vital para atraer inversión, pero debe hacerse con responsabilidad. “No pedimos privilegios, solo que se respeten los plazos legales. Hoy apenas el 6,9% del territorio está concesionado, y de eso solo se ha explorado un 10%. El potencial es enorme”, explica.

También insiste en diferenciar entre minería responsable y extracción ilegal. “La minería es una actividad lícita y regulada. Lo ilegal es un delito y debe tratarse como tal”, afirma.

Finalmente, Orozco cree que el mayor reto del sector es cambiar la percepción social. Para eso propone tres ejes: educación técnica accesible, despolitización del debate y visibilización de resultados. “La minería no puede seguir siendo un botín político. Es una herramienta para transformar realidades”.