Desde 1830, Ecuador ha tenido 20 constituciones. La que más tiempo ha permanecido vigente es la actual, aprobada en 2008, que ya ha sido enmendada y reformada en varias ocasiones.

En esta segunda vuelta electoral de 2025, ambos candidatos coincidieron en una propuesta: convocar una Asamblea Constituyente. Ahora que el país ha elegido a quien lo dirigirá durante los próximos cuatro años, este escenario se vuelve más cercano y posible.

Pero, ¿cuáles serían los riesgos de avanzar hacia una Constituyente?

Existe la posibilidad de que lo que se busque sea una Constitución a la medida, un “modelo de poder” que fortalezca un presidencialismo exacerbado, donde prevalezcan los intereses de grupos de poder.

Además, la fuerte polarización política que vivimos se reflejaría inevitablemente en la conformación de una Asamblea Constituyente, dificultando la posibilidad de alcanzar consensos mínimos.

El riesgo de retroceso en derechos está latente. Aunque la Corte Constitucional ha trazado una línea clara que impide regresiones en lo ya alcanzado, en la práctica nada garantiza que esa línea se respete. Más aún, cuando hemos sido testigos de la inobservancia de lo que establece la Carta Fundamental en temas como la sucesión presidencial.

Una Constituyente también captaría toda la atención del país, relegando del debate público temas urgentes como el combate a la inseguridad, la generación de empleo, la ejecución de políticas públicas en materias de salud y educación, la prevención de la violencia contra las mujeres, la remediación ambiental en Esmeraldas, entre otros.

Entonces, ¿podemos confiar en un proceso constituyente subordinado al orden jurídico constitucional existente?

La respuesta debe ser la unidad de todos los sectores sociales para defender las conquistas alcanzadas. No podemos permitir que este proceso se convierta en una excusa para acaparar más poder ni para desviar la atención de lo realmente importante: construir mejores días para los ecuatorianos.