Con una cómoda victoria en la segunda vuelta del 13 de abril, Daniel Noboa aseguró su permanencia en la Presidencia del Ecuador hasta 2029. Pero tras la celebración, el panorama económico que lo espera es complejo: desaceleración del crecimiento, alto desempleo e informalidad, necesidad urgente de inversión pública y negociaciones clave con organismos internacionales.

Durante su primer mandato, Noboa tomó medidas de ajuste fiscal que incluyeron el aumento del IVA del 12% al 15% y la reducción del subsidio a gasolinas. Aunque estas acciones mejoraron la recaudación, también golpearon el consumo y la actividad productiva. “La economía no aguanta otro año de ajuste”, advierte el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

El año 2024 cerró con una caída en el crecimiento económico. El Banco Central aún no publica el dato final, pero los analistas coinciden en que la combinación de austeridad fiscal y escasa inversión dejó al país en recesión. Para Verónica Artola, exgerenta del BCE, la recuperación será difícil si no se dinamiza el mercado laboral ni se atrae inversión nueva.

Inversión pública, deuda y el FMI

Ortiz insiste en que el nuevo gobierno debe reactivar la economía mediante obra pública, especialmente tras el limitado impacto de medidas como los bonos de ayuda por las lluvias. Artola coincide y apunta a tres sectores prioritarios: reactivación productiva, seguridad alimentaria y energética. Pero para eso, Ecuador necesita recursos frescos.

La principal vía para obtenerlos sigue siendo la deuda. En 2025, el 95% del financiamiento fiscal ha venido de deuda interna. Noboa deberá negociar con el FMI un nuevo programa, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), por alrededor de USD 1.300 millones. Para que prospere, el Gobierno debe demostrar compromiso con la consolidación fiscal, en un contexto de caída del precio del petróleo y alto riesgo país.

Un gabinete técnico y cambios legales

Designar un equipo económico sólido será una señal positiva para los mercados, dice Artola. Además, sugiere revisar los incentivos tributarios, muchos de los cuales no han logrado atraer inversión extranjera ni generar empleo.

Santiago Mosquera, de la firma Analytica, señala que a los desafíos fiscales se suma la inseguridad, otro freno para la inversión y el consumo. Si el Gobierno logra avances en esta área, el entorno económico podría mejorar.

¿Un cambio constitucional para atraer inversión?

Uno de los proyectos clave de Noboa será la propuesta de una Asamblea Constituyente. Según Francisco Briones, exdirector del SRI, el mandatario busca eliminar restricciones constitucionales que, a su juicio, obstaculizan el crecimiento económico. Entre ellas están los límites al arbitraje internacional, la prohibición del trabajo por horas y las restricciones a la inversión privada en sectores estratégicos.

Sin embargo, este camino podría tener costos políticos. A diferencia de la segunda vuelta, una consulta para una nueva constitución enfrentaría un escenario más fragmentado, lo que obliga a Noboa a calibrar cuidadosamente su estrategia.