La narrativa de un supuesto fraude en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, impulsada por Rafael Correa tras la derrota de Luisa González, ha perdido fuerza incluso dentro del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Varios líderes locales de la organización han marcado distancia del discurso oficial del expresidente y han reconocido públicamente la victoria de Daniel Noboa, llamando a respetar los resultados y a colaborar con el nuevo gobierno.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien publicó en su cuenta de X: “Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor”. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, también se sumó a este reconocimiento: “Sé que no es el desenlace que esperábamos; sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa y, mientras eso sea así y como demócrata, me corresponde reconocer esa realidad”.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó el 14 de abril que un comportamiento democrático exige “reconocer los resultados anunciados por el CNE” y pidió que se procesen las eventuales inconsistencias que se presenten. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tuvo una postura más matizada, pero agradeció al binomio González-Borja por su campaña y afirmó que trabajará por los recursos de su provincia con el nuevo gobierno, al que se refirió como “presidente reelecto”, reconociendo así la legitimidad de Noboa.

Otros dirigentes de RC como el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, también se sumaron al reconocimiento de los resultados, desmarcándose de las acusaciones sin pruebas impulsadas por la cúpula del movimiento.

Mientras tanto, desde Bélgica, Rafael Correa ha denunciado un “mega fraude” y un “robo de votos”, sin presentar evidencias. Figuras cercanas a él, como Gabriela Rivadeneira, han difundido esta narrativa ante la comunidad internacional. El 14 de abril, RC emitió un comunicado asegurando que tenía “evidencia concluyente de un fraude electoral sistemático”, alegando que miles de votos a favor de González desaparecieron y que Noboa obtuvo incrementos “estadísticamente imposibles”.

Entre las denuncias mencionaron manipulación de actas, la existencia de actas sin firma que supuestamente beneficiaron al presidente electo y la prohibición del uso de celulares en los recintos, que interpretaron como un intento de ocultar la voluntad popular. Organizaciones afines como CELAC Social y la Asociación Americana de Juristas respaldaron la versión de fraude, exigiendo investigaciones internacionales.

No obstante, incluso voces cercanas al correísmo han señalado las dificultades para sustentar la denuncia. El politólogo Jacobo García admitió en una entrevista que revertir una diferencia de más de un millón de votos requeriría demostrar alteraciones masivas en aproximadamente 50.000 actas, algo que no ha sido documentado ni por los delegados de RC ni por observadores independientes.

Por su parte, las misiones internacionales de observación electoral, como las de la OEA, el Parlasur, CEELA, A-WEB, COPPPAL, UNIORE y el Parlamento Andino, coincidieron en validar la transparencia y legitimidad del proceso. La misión de la OEA informó que los resultados del sistema del CNE coincidieron con los reportes de sus observadores y con las actas entregadas a los partidos.

Además, los datos oficiales muestran que Luisa González aumentó su votación entre la primera y segunda vuelta en más de 160.000 votos, logrando triunfos en cinco provincias. Sin embargo, Daniel Noboa amplió significativamente su respaldo al sumar cerca de 1,28 millones de votos adicionales, alcanzando un resultado final del 55,6% frente al 44,4% de su contendora, una diferencia que ha sido validada por múltiples fuentes nacionales e internacionales.