Con la victoria de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral, el bloque legislativo de Acción Democrática Nacional (ADN) retoma su papel como oficialismo y se prepara para asumir un rol determinante en la Asamblea Nacional durante el periodo 2025-2029.

A pocos días de que el nuevo Legislativo inicie funciones, ya se delinean dos fuerzas principales: la Revolución Ciudadana (RC), que ejercerá nuevamente la oposición, con 67 curules; y ADN, que contará con 66 escaños. La diferencia será marcada por los 18 legisladores restantes, provenientes de otras organizaciones como Pachakutik (PK), el Partido Social Cristiano (PSC) y movimientos locales, cuyos votos serán clave para inclinar la balanza.

Aunque RC firmó un acuerdo con el excandidato presidencial Leonidas Iza para la segunda vuelta, este no incluyó compromisos legislativos, lo que deja en incertidumbre el apoyo de los nueve asambleístas de Pachakutik. En el periodo anterior, de cinco legisladores electos por PK, cuatro votaron en línea con el correísmo, mientras uno se unió a ADN. Según fuentes legislativas, los nuevos representantes de PK priorizarán su ideología de izquierda al momento de votar.

Por su parte, el PSC ha tenido una alianza constante con el correísmo desde 2021. Sin embargo, ADN ya logró sumar tres votos adicionales de partidos locales, incluido uno del movimiento Construye, lo que fortalece su posición en el Parlamento.

La primera gran tarea de la nueva Asamblea será la elección de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la conformación de las comisiones. ADN baraja la posibilidad de postular a la asambleísta Anabella Azín, madre del presidente, para que presida el Parlamento. A diferencia del periodo anterior, cuando cedieron esa dignidad a cambio de presidir comisiones estratégicas, esta vez ADN aspira a liderar el Legislativo.

Para lograrlo necesitará al menos 77 votos, por lo que aún requiere sumar ocho respaldos adicionales. Juan José Reyes, asambleísta electo, aseguró que mantienen diálogos con todas las fuerzas políticas, excepto con la Revolución Ciudadana, y que las conversaciones se basan en afinidades ideológicas.

Diana Jácome, también electa, confirmó que las negociaciones excluyen al correísmo. Mientras tanto, el exasambleísta y exministro Henry Cucalón sostiene que los acuerdos en la Asamblea son legítimos y necesarios para garantizar la gobernabilidad, incluso si implican entregar espacios clave en comisiones o en el CAL.

La Revolución Ciudadana se alista para asumir por tercera vez consecutiva el rol de oposición, tras hacerlo durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017), Guillermo Lasso (2021) y, recientemente, en los primeros seis meses del gobierno de Noboa.

Esta vez, sin embargo, la bancada correísta no será la más grande y tendrá que disputar cada voto con ADN. Cucalón señala que la oposición debe contribuir a la gobernabilidad, pero considera que el correísmo ha obstaculizado al Ejecutivo por revanchismo político.

En esta nueva etapa, la fiscalización será un desafío: para destituir a un ministro, por ejemplo, se requerirán al menos 101 votos, una cifra difícil de alcanzar sin acuerdos amplios.