Cuatro años después del inicio de la investigación, el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras dos personas son finalmente juzgados por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 durante la pandemia.

La audiencia se instaló el viernes tras diez intentos fallidos, en los que incidentes procesales y excusas médicas de los procesados postergaron el proceso. Abdalá Bucaram participa de manera telemática debido a su delicado estado de salud, que requiere atención médica permanente y el uso de un equipo de respiración asistida.

Aunque en su momento se declaró la nulidad del proceso y se dictó el sobreseimiento de los Bucaram, la fiscal Lidia Sarabia insistió en que existían elementos suficientes para llevarlos a juicio. Finalmente, lo consiguió.

La Fiscalía sostiene que entre marzo y agosto de 2020, los Bucaram, junto a dos ciudadanos israelíes y tres agentes de tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, conformaron una estructura delictiva que usó recursos públicos para movilizar 21 mil pruebas de COVID-19 con fines comerciales.

Según la acusación, los agentes de tránsito escoltaban los vehículos que trasladaban los insumos desde Quito hasta Guayaquil, aprovechando el estado de excepción y el toque de queda. El material era entregado a Jacobo Bucaram, quien habría pagado USD 321.000 en efectivo a los israelíes.

Uno de los extranjeros implicados, Shy Dahan, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Su teléfono celular, incautado tras la detención en Santa Elena, permitió a las autoridades reconstruir la red de vínculos entre los procesados.

La Fiscalía convocó a más de 150 testigos para sustentar su acusación, incluidos agentes de policía, peritos, funcionarios del SRI, Aduanas y entidades bancarias.

Dos de los tres agentes de tránsito ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado, tras aceptar su responsabilidad y recibir condenas de tres años y cuatro meses de prisión.

El juicio contra los cuatro procesados restantes continuará hasta este miércoles. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel.