El 9 de febrero de 2025, Luisa González parecía tener la victoria al alcance de la mano. Aunque Daniel Noboa la superó por un estrecho margen de apenas 16.000 votos, su actitud en aquella noche —serena, con tono de estadista— proyectaba la imagen de una futura presidenta. El correísmo sentía el regreso del poder como algo inevitable.

Pero nueve semanas más tarde, la historia tomó un giro contundente. González fue derrotada con amplitud en la segunda vuelta, un resultado que difícilmente puede entenderse sin revisar los tropiezos estratégicos de su campaña, que pasó de la expectativa a la autodestrucción.

Aunque el liderazgo de Rafael Correa seguía siendo un activo para una parte del electorado, también era un lastre para quienes veían en él la causa de muchos de los males que aún arrastra el país. González intentó equilibrar esa herencia, pero terminó atrapada por la sombra de su mentor y por decisiones que, una tras otra, desgastaron su imagen.

Uno de los momentos más desafortunados llegó al cierre de campaña, cuando propuso la figura de los llamados “gestores de paz”. Aunque su intención era presentar una herramienta para mejorar la seguridad, lo que provocó fue una avalancha de críticas por la similitud con los organismos de vigilancia ciudadana utilizados por regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro o los tristemente célebres CDR de Cuba. González no logró desvincular su propuesta de ese imaginario, y la percepción de autoritarismo se intensificó justo en el peor momento.

A esto se sumó su rechazo vehemente al control de celulares en los recintos de votación. La medida, propuesta por el Gobierno para evitar coacciones o pruebas de compra de votos, fue criticada por González como una práctica “dictatorial”. Su posición resultó contraproducente: alimentó la narrativa de que el correísmo aún apelaba al miedo y al chantaje como herramienta política.

Otro golpe se lo dio su propia bancada en la Asamblea, al presentar un polémico proyecto de ley sobre libertad religiosa. Aunque el texto buscaba regular el espacio público religioso, fue interpretado como una amenaza directa a la Iglesia Católica, justo después de que un sacerdote pidiera públicamente no votar por ella. El daño estaba hecho, y el tema desvió la atención de su agenda principal.

El debate presidencial también dejó secuelas. Acorralada, González terminó reconociendo a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, una postura que hasta entonces había evitado definir. Su respuesta no solo cerró la puerta al electorado indeciso, sino que la alineó con uno de los gobiernos más criticados del continente.

Además, su campaña no logró disipar las dudas sobre el futuro de la dolarización. A pesar de que ella reiteró su defensa del dólar, voces internas como la de Paola Cabezas o el propio Correa, al entrevistar a Ricardo Patiño, reactivaron el temor de que el correísmo aún contemplara cambios en el sistema monetario.

Pero lo más devastador vino desde el caso “Ligados”. La filtración del contenido del celular del consejero Augusto Verduga expuso el intento del correísmo por copar las instituciones de control y mostró a Correa dirigiendo esas movidas desde Bélgica. González, sin poder marcar distancia, quedó nuevamente como la marioneta del expresidente.

La cereza del pastel fue la revelación del apodo con el que se referían a ella dentro del círculo correísta: “Rana René”. Un mote que, más allá del humor, simbolizó lo que sus críticos venían diciendo: que González era un títere, y lo peor es que el apodo salía de su propio entorno. Cuando ella misma lo asumió en el debate con un comentario sarcástico, selló la caricatura que la acompañaría hasta el final.

Con todos estos elementos, la caída era inevitable. Lo que empezó como una campaña con aroma de victoria terminó como un espectáculo desordenado, donde el correísmo no supo leer el momento político, y Luisa González no logró emanciparse de los fantasmas que siempre la persiguieron.