Desde este viernes 11 de abril, millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deberán enfrentar una decisión crítica: registrarse ante el Gobierno, proporcionando sus datos y huellas dactilares —con el riesgo de ser deportados— o negarse a cumplir con la nueva orden ejecutiva de Donald Trump y exponerse a sanciones aún más severas, incluyendo cárcel.

La medida, bautizada oficialmente como «Requisito de Registro de Extranjeros», fue anunciada por la Casa Blanca en marzo como parte de su ofensiva para acelerar las deportaciones masivas. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), todo extranjero indocumentado mayor de 14 años que haya permanecido en el país por más de 30 días debe inscribirse obligatoriamente.

Los padres o tutores de menores también deberán registrar a sus hijos, aunque en estos casos no se les tomarán las huellas.

“Nos ponen entre la espada y la pared”

Carlos Cifuentes, inmigrante sin papeles desde hace 15 años, lo resume con crudeza: “Por el lado que usted vea, las opciones nos perjudican”. Y no está solo. Abogados y activistas están haciendo un llamado urgente a la comunidad indocumentada para que no se registre. “No hay que inscribirse. Esa orden ejecutiva de Trump es inconstitucional”, aseguró el abogado de inmigración Alex Gálvez, quien ha difundido el mensaje en redes sociales.

Expertos aseguran que la orden viola la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege contra la autoincriminación. Mientras tanto, miles de personas enfrentan la angustia de decidir si entregan información sensible al Gobierno o se arriesgan a penas aún desconocidas.

Demanda colectiva y posible bloqueo judicial

Cuatro organizaciones —Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la Unión de Trabajadores Agrícolas, CASA y Make the Road New York— presentaron una demanda ante un tribunal federal en Washington. Alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ignoró procedimientos básicos, al no someter esta norma a consulta pública, pese a que afectaría entre 2,2 y 3,2 millones de personas, o incluso más.

En la primera audiencia, el juez Trevor McFadden —designado por el mismo Trump— pareció mostrarse receptivo a las preocupaciones legales. Se espera que emita un fallo antes de que la norma entre en vigor.

“La norma pone en peligro las libertades y los derechos de millones que viven aquí”, advirtió Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración.

Una medida basada en una ley de la Segunda Guerra Mundial

Este registro obligatorio se sustenta en una ley casi olvidada, aprobada en tiempos de guerra, y forma parte del paquete de promesas de campaña de Trump para reforzar la vigilancia migratoria. También incluye acuerdos con el Servicio de Rentas Internas (IRS) para acceder a datos fiscales de inmigrantes.

Los abogados temen que esta norma sea solo el principio de un nuevo ciclo de persecución y hostigamiento. “No hay que alimentar el miedo que esta Administración quiere imponer. Hay que luchar y mantenerse informado”, concluyó el abogado Gálvez.