El colectivo Chao Pabel, liderado por Néstor Marroquín, recibió este viernes 11 de abril los formularios del Consejo Nacional Electoral (CNE) para impulsar la revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El pedido se basa en un supuesto incumplimiento de funciones, argumentando que Muñoz hizo campaña a favor de Luisa González en las elecciones presidenciales de 2023, algo que no le correspondía como autoridad municipal.

Para que el proceso avance, el colectivo debe recolectar al menos 205.000 firmas válidas, equivalentes al 10 % del padrón electoral de Quito, en un plazo de 180 días. Una vez presentadas, el CNE tendrá 15 días para verificarlas y, si se cumplen los requisitos, convocará a una votación para que la ciudadanía decida si Muñoz permanece en el cargo.

El alcalde Pabel Muñoz ha calificado el proceso como un intento de “parálisis institucional” y cuestionó los beneficios que traería para la ciudad. En marzo de 2025, señaló que un proceso similar contra el exalcalde Jorge Yunda no generó mejoras en la gestión municipal.

Además, argumentó que ya fue sancionado por la infracción electoral en la que se basa el pedido de revocatoria, por lo que considera injusto ser castigado dos veces por la misma causa.

Paralelamente, Muñoz enfrenta una denuncia por infracción electoral grave, presentada por Edison Carrillo, quien lo acusa de mal uso de bienes públicos y de haber pagado el sueldo de un funcionario municipal durante la campaña de González.

Carrillo también ha cuestionado la imparcialidad del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), señalando presuntos vínculos entre el juez Ángel Torres y el abogado defensor de Muñoz, Nelson López. Asegura que Torres debía excusarse debido a una relación profesional con la asesora legal de la Alcaldía, lo que, según el denunciante, comprometería la transparencia del caso.