La promesa de Luisa González de contratar 21.000 “gestores de paz” con un presupuesto estatal de 72 millones de dólares encendió las alertas. ¿Se trata de una medida para frenar la violencia o de una reedición de los comités de defensa creados durante el correísmo? El sociólogo e historiador Gonzalo Ortiz fue tajante: la propuesta se asemeja a los sistemas de control y vigilancia política que han usado regímenes autoritarios en la región.

En entrevista con Contacto Directo, Ortiz explicó que este tipo de estructuras, como los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba o los Círculos Bolivarianos en Venezuela, no son otra cosa que aparatos de espionaje civil. “No cualquier persona puede asumir tareas de seguridad. Este modelo se ha utilizado para sembrar el terror, perseguir disidencias y, en algunos casos, incluso para matar opositores con total impunidad”, advirtió.

Para Ortiz, revivir estos comités no es una novedad: “Ya lo hizo el correísmo en 2009. Había una meta: un millón de militantes organizados por barrios. Funcionaban como fuerzas de choque contra la Policía y opositores. Hubo entrenamientos, registros y una estrategia de caos como la que se vio durante las protestas de 2019 y 2022”.

El académico cuestionó que se quiera delegar la seguridad ciudadana a civiles sin preparación ni marco legal. “Eso no es empoderamiento comunitario, es paramilitarismo encubierto. En lugar de mejorar la seguridad, buscan establecer un control totalitario sobre la sociedad”, señaló.

Ortiz fue más allá y advirtió que esta estructura podría dar paso a una red clientelar financiada por el Estado. “Se empieza con salarios para gestores de paz y se termina con espías en cada cuadra. En Cuba, por ejemplo, puedes ser parte del CDR desde los 14 años. En Nicaragua, los círculos de la victoria tienen el mismo fin: controlar y silenciar”.

El historiador también recordó otros intentos del correísmo de someter a la sociedad civil: “El famoso decreto 16 para controlar a las ONGs, la persecución a la prensa, el allanamiento a Villavicencio. Y ahora, un reciente proyecto de ley que buscaba que las iglesias no puedan funcionar sin autorización del Estado”.

Finalmente, Ortiz alertó que, si bien es válido que existan liderazgos comunitarios que organicen actividades educativas, ambientales o culturales, eso no debe confundirse con darles poder para ejercer tareas de seguridad. “Eso le corresponde a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Lo otro es repetir fórmulas autoritarias que ya han demostrado ser un peligro para la democracia”.