El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó este martes 8 de abril de 2025 la denuncia por presunta violencia política de género presentada contra la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

La denuncia fue interpuesta el pasado 4 de abril por el asambleísta Manuel Peñafiel, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien acusó a González de lanzar “expresiones denigrantes” contra María Beatriz Moreno, directora del movimiento político de Daniel Noboa, durante el debate presidencial del 23 de marzo.

La causa fue asignada al juez Guillermo Ortega, quien inicialmente pidió al denunciante completar la documentación en un plazo de dos días. Sin embargo, decidió archivarla al considerar que no se cumplió un requisito clave: Peñafiel solo presentó copias simples, que no tienen valor legal según el artículo 145 del Reglamento de Trámites del TCE.

“Este juzgador se ve impedido de valorar dichos documentos, ya que carecen de eficacia jurídica”, argumentó Ortega.

El reclamo de Peñafiel

En su denuncia, Peñafiel acusó a González de haber vinculado a Moreno con el narcotráfico sin pruebas durante el debate, lo que —según él— atenta contra su honra y constituye una infracción electoral muy grave.

Pero el juez dejó claro que, al no acreditar debidamente su calidad de adherente del movimiento ADN, el proceso no podía avanzar ni siquiera al análisis de fondo.

Este episodio ocurre a solo cinco días de la segunda vuelta presidencial, en la que Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (RC) se disputan la Presidencia de la República, en una contienda marcada por la tensión política y las acusaciones cruzadas.

Según el Código de la Democracia, los actos de violencia política de género pueden ser sancionados con multas, destitución o suspensión de derechos políticos de hasta cuatro años. Sin embargo, en este caso, el TCE cerró la puerta al proceso por falta de requisitos formales.