Con gritos de desesperación y pancartas en mano, decenas de guías penitenciarios protestaron este martes 8 de abril en pleno centro de Quito, exigiendo al Gobierno seguridad urgente para quienes trabajan en el sistema carcelario. La protesta se da tras un lunes sangriento en el que cinco guías fueron asesinados en menos de 12 horas en la provincia de Manabí.

“Nos están matando y el Estado no reacciona”, fue el clamor de William Alarcón, uno de los guías que lideró la manifestación frente al Palacio de Gobierno. Exigió que se equipe al personal con armamento, protección balística y uniformes adecuados, además de mejorar las condiciones laborales.

“Según estándares internacionales deberíamos ser al menos 10 000 agentes. ¡Solo somos 2 700!”, reclamó Alarcón, visiblemente indignado.

La violencia contra los agentes penitenciarios se ha recrudecido. Solo el lunes 7 de abril, tres guías fueron acribillados en la mañana en Pimpiguasí, y otros dos fueron asesinados por la tarde en el sector Los Ángeles, ambos en Portoviejo.

El Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) condenó los hechos, atribuyéndolos a acciones que buscan “desestabilizar el sistema penitenciario”.

Equipamiento aprobado… pero trabado en la burocracia

Aunque el Gobierno ha aprobado el uso de armamento letal, como pistolas, escopetas y subfusiles, los trámites burocráticos impiden que llegue a manos del personal. “Está aprobado, pero no llega. ¿Cuántos más tienen que morir?”, se preguntó Alarcón.

El abogado Diego Pozo, representante legal de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios, denunció que el sistema ha sido completamente abandonado por el Estado. “¿Cuántos más tienen que fallecer para que esto importe?”, cuestionó con dureza.

Además, los guías reclaman una jubilación digna y mejora salarial, ya que muchos agentes mayores siguen activos sin las condiciones adecuadas. “Un compañero de 65 años no puede custodiar a criminales peligrosos”, enfatizó Alarcón.

Desde 2021, más de 500 presos han sido asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas, en su mayoría durante sangrientas masacres entre bandas criminales. En 2023, Ecuador registró la tasa más alta de homicidios en América Latina, con 47,2 muertes violentas por cada 100 000 habitantes.

Las cárceles, militarizadas desde enero de 2024 por decreto del presidente Daniel Noboa, siguen siendo el epicentro de la violencia criminal que desangra al país.