Otra vez a las urnas el próximo domingo para elegir al binomio presidencial que gobernará al Ecuador los próximos 4 años a partir de mayo. Es de pronóstico reservado el resultado electoral, los candidatos finalistas llegan empatados, 44% cada uno.  El 12% restante repartido entre los otros 14 que participaron en los comicios del 9 de febrero, será el que defina el triunfo.

Al margen del resultado electoral, a los ecuatorianos les toca la gran responsabilidad de elegir entre dos concepciones gubernamentales muy diferentes. Una que ya demostró su talante antidemocrático, se limpió con la independencia de poderes del Estado, con descaro metió las manos a la justicia, criminalizó la protesta social, persiguió a periodistas y a medios de comunicación, no cree en la dolarización, aborrece a los Estados Unidos, prefiere el estatismo, escondió y protegió a narcoterroristas y, entre otras trapacerías, tiene a quienes fueran presidente y vicepresidente de la República, en su orden, en calidad de prófugo de justicia y preso en una cárcel de máxima seguridad. Y la otra que en casi 15 meses ha sido implacable en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, defiende las libertades humanas, promueve el emprendimiento y está abierto a la inversión nacional y extranjera, fomenta las libertades de prensa y expresión, fortalece la dolarización, vincula al Ecuador con el mundo del progreso y que, entre otras cosas positivas, es democrático y detesta el autoritarismo, el totalitarismo, la permanencia indefinida en el poder.

Los problemas del Ecuador son graves y muchos, por lo mismo difíciles de resolver en corto plazo; inclusive los cuatros años que tiene como periodo un gobierno, son insuficientes, pero, en cambio, es tiempo adecuado para iniciar la gran recuperación nacional. ¿Lo puede lograr un gobierno de clara tendencia populista, dispuesto a utilizar la reserva monetaria internacional -que tiene dueños totalmente independientes del gobierno central-, para hacer uso indiscriminado y dadivoso? La respuesta es no, porque ya esa experiencia la vivió el país y las consecuencias se pagan hasta ahora. ¿Lo puede lograr un gobierno que debilite la dolarización, maneje este sistema ‘a la ecuatoriana’, emita ‘ecuadólares’ o intente volver al Sucre como moneda oficial? ¿Lo puede lograr un gobierno capaz de acordar con el crimen organizado para dar la sensación de pacificación del Ecuador? Las respuestas son categóricamente no, porque ese no es el precio altísimo que deberán pagar los ecuatorianos. Este país demanda un gobierno firme y duro contra la inseguridad en todas sus formas, decidido a depurar a las fuerzas policial y militar, sensible al máximo con los sectores más vulnerables, absolutamente abierto (con control y regulación) a la inversión de propios y extranjeros, intolerable frente a la corrupción, capaz de superar el problema de los apagones, enderezar el funcionamiento del IESS, Petroecuador, eléctricas, telefónicas y otras entidades públicas; ser adalid de todas las libertades.

La elección de este domingo 13 de abril es una magnífica oportunidad para que los ecuatorianos la aprovechen para darse un régimen que encamine al Ecuador por la ruta del bienestar, que más pronto que tarde sea mirado y aplaudido por su transformación positiva, en lugar de parecerse más a la triste y desesperante situación que viven cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Ese no puede ni debe ser el destino de los ecuatorianos.