Karen Sichel, experta en políticas públicas, cuestionó con dureza el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que calificó como un “invento fallido” que ha servido para cooptar el Estado y proteger intereses políticos antes que ciudadanos.

En una entrevista en el programa Contacto Directo, Sichel aseguró que el CPCCS ha demostrado ser una institución “desnaturalizada y manipulada” desde su origen, con una historia marcada por la injerencia partidista, especialmente del correísmo, y sin una verdadera participación ciudadana.

“El Consejo no funciona como un organismo democrático, es lo más parecido a un adorno que afea el espacio institucional. Pero lo estético es el menor de los problemas: ha fallado al país”, sentenció.

La abogada criticó la paralización del concurso para elegir al nuevo fiscal general, que mantiene a Diana Salazar en funciones prorrogadas tras concluir su periodo. El CPCCS, dijo, lleva más de ocho meses sin resultados concretos, con un reglamento “ilegal” y una veeduría “ilegítima”, mientras los chats filtrados del caso Liga Azul evidencian una intervención directa de intereses partidistas.

“Los consejeros actuales son el reemplazo del reemplazo del reemplazo. No tienen legitimidad ni credibilidad. No representan a la ciudadanía, son franquicias de partidos políticos”, afirmó.

Sichel también cuestionó la figura de la subrogación y el hecho de que los reemplazos de autoridades no sean necesariamente los mejores puntuados en los concursos, lo que —según explicó— responde a un diseño político premeditado. “No se querían arriesgar a que el reemplazo no se alinee con el partido dominante”, indicó.

La experta considera que el problema no radica en las personas, sino en la propia estructura del CPCCS. “No importa quién se siente ahí, el órgano está diseñado para ser cooptado. La tentación es tan grande que termina corrompiendo a quien entra”, dijo.

Sichel planteó como solución una enmienda constitucional que elimine el Consejo y transfiera las funciones de designación a la Asamblea Nacional, con mecanismos técnicos y transparentes de participación ciudadana.

“No se trata de desaparecer la participación, sino de reformarla. Propongo mantener la impugnación ciudadana, veedurías técnicas y la evaluación de méritos por sectores como la academia o los gremios. Pero que la selección final esté en manos de la Asamblea, con votos públicos y responsabilidad política”, explicó.