Según la organización Insight Crime, Ecuador se posiciona actualmente como el país más violento de América Latina. Información del Ministerio del Interior revela que solo en el mes de enero de 2025 se registraron 781 homicidios, convirtiéndose en el inicio del año más violento en la historia del país.

En medio de esta profunda crisis de inseguridad, que persiste a pesar de las reiteradas declaratorias de Estados de Excepción y la presencia militar tanto en zonas urbanas como rurales, el gobierno nacional ha optado por contratar los servicios de la empresa Constellis, antes conocida como Blackwater, tristemente célebre por su participación en operaciones militares privadas en Irak y Afganistán.

Al frente de esta empresa se encuentra Erik Prince, exmilitar y mercenario estadounidense, quien, según información oficial, estaría a cargo de capacitar y entrenar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No obstante, su participación podría extenderse a otras áreas.

El pasado 5 de abril, Prince participó en un operativo ejecutado por el denominado Bloque de Seguridad en la ciudad de Guayaquil, llegando incluso a emitir declaraciones a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa. En ellas, hizo un llamado abierto a votar por el actual presidente.

La decisión del gobierno de recurrir a este tipo de “cooperación” genera una profunda preocupación, especialmente por las graves vulneraciones de derechos que se han denunciado en el marco de esta política de militarización. Organizaciones de derechos humanos han reportado al menos 27 desapariciones forzadas, entre ellas el caso de los cuatro niños de Guayaquil, que conmocionó a la opinión pública.

La empresa Blackwater, fundada por Erik Prince, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su actuación en distintos conflictos armados. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en la plaza Nisour, en Irak, donde empleados de la empresa abrieron fuego contra civiles, dejando un saldo de 17 muertos.

Ecuador necesita inversión en políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión. No saldremos de esta crisis únicamente mediante la securitización. Es indispensable garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud y empleo para la población.

La privatización de la seguridad y la alianza con empresas que arrastran el estigma de la guerra no representan el camino hacia una solución a largo plazo. Es urgente mantener una vigilancia activa para que se respete la dignidad y los derechos del pueblo ecuatoriano.